La investigación en Colombia a una docena de políticos y periodistas, entre ellos dos ecuatorianos y un venezolano, por nexos con la guerrilla de las FARC, anticipa nuevos problemas en las relaciones con los vecinos que acusan a Bogotá de usar el tema como cortina de humo.
La pesquisa se basa, según el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en documentos contenidos en los computadores hallados en el ataque colombiano en marzo pasado a un campamento guerrillero en el norte de Ecuador, donde murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes.
El gobierno de Caracas calificó la semana pasada de “show de payasos” un peritaje de la Interpol. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tampoco acepta el contenido del presunto ordenador de las FARC como evidencia.
La denuncia colombiana afecta a la senadora opositora Piedad Córdoba, aliada del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien acompañó en una mediación para buscar que las FARC liberen rehenes. Bogotá, AFP