Nacionalizaciones, igual se pagan
Juan L. Cariaga*

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Lamentablemente, el entusiasmo con el que la ciudadanía ha recibido las noticias sobre las recientes nacionalizaciones se debe a que, de una manera u otra, se le ha hecho creer que es posible arrancar la propiedad de estas empresas de sus legítimos propietarios, sin pagarles un solo centavo o pagarles menos de lo que éstas valen, sin respetar los contratos firmados con la fe del Estado boliviano. Esto, por supuesto, es una grave equivocación.

Y, resulta una grave equivocación, pues esto no fue así durante los años \'50, en los que Bolivia tuvo que pagar hasta el último centavo a los barones del Estaño Hoschild, Patiño y Aramayo, por la minería nacionalizada, y, por supuesto, tampoco fue así durante los años \'60, en los que, de igual manera, Bolivia tuvo que pagar a la Gulf Oil Corporation el valor total de sus instalaciones, incluyendo intereses, lucro cesante y otros costos, montos que el Gobierno nacional jamás imaginó que tendría que pagar.

Para colmo, como los políticos no siempre saben hacer bien las cosas, estos actos populistas se realizan a las tontas y a las locas, sin respetar los preceptos constitucionales ni las leyes de la república. Por lo tanto, al final del día, como no cuenta con las bases jurídicas sólidas para defender legalmente estas nacionalizaciones, el país siempre termina en condiciones de desventaja, que lo conducen a que se pierdan los juicios y los litigios en los comités de Arbitraje y en las cortes internacionales de Justicia.

No obstante, esto no es lo que les importa a los políticos. Para ellos es prioritario el tener sus quince minutos de gloria y luego, cuando abandonan el Gobierno, son las futuras generaciones del país las que se ven en la necesidad de sacar las castañas del fuego y, finalmente, en la obligación de tener que pagar exorbitantes costos (generalmente por encima de su verdadero valor), por empresas y otros bienes que, en realidad, el país no necesita. Si algo había que hacer por estas empresas era, tal vez, ejercitar un mayor control y fiscalización de las mismas, algo que, indudablemente, atañe únicamente al Poder Ejecutivo.

Pensando en todo esto, y con motivo de un reciente viaje a los departamentos de Pando y Beni, encontré, entre otras cosas, que los precios de los alimentos que se pagan en la ciudad de Cobija son casi cuatro veces superiores a los que se pagan en la ciudad de La Paz y casi tres veces superiores a los que se pagan en la ciudad de Santa Cruz, según estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La pregunta es: ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta es: porque Cobija vive aislada del resto del país, dado que no cuenta con carreteras y accesos que la comuniquen con los centros de producción, circunstancia que la obliga a comprar sus alimentos en el Brasil.

Y me pregunto entonces: ¿No sería mejor construir carreteras a Pando y al norte de La Paz —que es una zona que también se encuentra totalmente aislada del resto del país— en vez de comprar una empresa de telecomunicaciones, que ya estaba funcionando bien en manos del sector privado y donde no había la necesidad de utilizar los recursos escasos de Bolivia ahora o en los futuros requerimientos de inversión?

O, como en el caso del Beni, donde la ciudad de Trinidad no tiene alcantarillas y las aguas servidas corren a lo largo de las calles, poniendo en peligro la salud de sus habitantes y particularmente de sus niños. Y me pregunto: ¿Acaso no sería mejor invertir los recursos que tiene Bolivia en el saneamiento básico de Trinidad, en vez de utilizarlos, por ejemplo, en la nacionalización de unas refinerías, que ya existían en Bolivia y que cumplían con su función económica?

Creo que ha llegado el momento en que existe la necesidad de contarle a la ciudadanía la verdad y no la verdad a medias. Creo que también ha llegado el momento de recordarle al equipo económico del Gobierno que, en cualquier manual introductorio de Ciencias Económicas, se establece que la Economía es la ciencia que estudia la asignación más ´eficiente´ de los recursos escasos.

Creo que es deber moral de este equipo aconsejar al supremo Gobierno que, con este tipo de determinaciones, claramente no se está haciendo el uso más eficiente de los recursos escasos que ha ganado últimamente el país. Sobre todo, cuando estos recursos no provienen de acciones del Gobierno encaminadas a incrementar la producción, sino el resultado de los precios más altos de las materias primas, registrados en la historia de la humanidad, que no son sostenibles a través de los años y que, lamentablemente, sólo perdurarán por algunos años.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.