Municipios y crisis del Estado
José Luis Bedregal*

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El desmoronamiento de las instituciones del Estado puede describirse de manera puntual de la siguiente forma: en el Poder Ejecutivo, ausencia e incumplimiento de planes de desarrollo nacional, carencia de políticas institucionales, inexistencia de servidores públicos de carrera y excesiva movilidad de funcionarios; en el Poder Legislativo, descrédito ante las constantes componendas y negociados, abuso de la inmunidad devenida en impunidad, falta de capacidad legislativa y fiscalizadora y por ende pérdida de protagonismo en el quehacer político; el Poder Judicial está carcomido por la corrupción y la ineficiencia y calificado por la sociedad como la institución más corrupta a la par de la Policía Nacional; la Corte Nacional Electoral, desmantelada y sin credibilidad para sus actos, con terribles consecuencias para la democracia boliviana.

Finalmente, las superintendencias, que fueron un gran avance institucional reconocido por sus normativas y equipos técnicos, han sido arrasadas y viven al borde de su desaparición por la ineficiente aplicación de sus instrumentos y un descrédito causado por su parcialización con los operadores de los servicios, dejando de lado los intereses del consumidor.

Ante este panorama desolador quedan únicamente los municipios que, a pesar de sus debilidades reflejadas en limitaciones de orden técnico-administrativo sobre todo en las áreas rurales, insuficiente y poco oportuna acción fiscalizadora o el mal uso del voto constructivo de censura, han resistido el vendaval desmantelador de anteriores y de la actual gestión política del Gobierno.

La construcción del nuevo país puede tener un mayor éxito si pasa por los poderes locales, es decir, por el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sus autonomías, que funcionan y han permitido el desarrollo en el área urbana y rural como nunca se dio en Bolivia. La educación y la salud, factores esenciales para el avance, se han visto beneficiadas a partir de la descentralización del manejo de sus infraestructuras; los procesos de contratación de bienes y servicios en los últimos años han sido efectuados con mayor equidad y transparencia (sobre todo a partir del uso de las ferias a la inversa) para beneficio de los proveedores nacionales.

Por tanto, sería conveniente para el país avanzar en la construcción del nuevo Estado inclusivo, justo, eficiente y descentralizado, fortaleciendo la autonomía municipal, en lugar de crear un país Frankeinstein. Esto no niega las autonomías departamentales, pero su aplicación debería fortalecer a los municipios, que es donde el Estado está más cerca de las necesidades ciudadanas; donde es más profunda y democrática la participación del boliviano y, sobre todo, porque las instituciones son factor primordial de crecimiento económico, pues determinan incentivos para los actores de la economía e influyen las inversiones. Y en esto los municipios han avanzado a partir del DS 29565, marcando una nueva etapa del municipalismo boliviano que se dota de un instrumento para dejar de ser una ´alcaldía obrista´ y entender que su autonomía es para conducir al municipio hacia su desarrollo político, económico y social.

Ahora, depende de los munícipes jugar un rol preponderante y coadyuvar a la reconfiguración del Estado en base a la autonomía municipal y, además, no permitir que se retroceda en lo logrado.

*José Luis Bedregal
es especialista en Gestión Pública.