Estado moribundo
Carlos Alarcón*

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Al estilo de un ex presidente de la República afirmo que el Estado se nos muere. Se encuentra en estado de coma en una sala de terapia intensiva.

Todavía cuenta con la indulgencia de la ONU, OEA y los países vecinos que ante la incapacidad para resolver nuestros propios asuntos y los pedidos recurrentes de intervenciones foráneas, por parte del Gobierno y de la oposición, se encuentran perplejos y no hallan la forma de ayudar a Bolivia.

Las sesiones de la OEA tratando el caso de Bolivia parecen una reunión de emergencia de profesores de un colegio cuya estabilidad está en riesgo por la rebeldía e indisciplina de un alumno incorregible. Es tan impotente nuestro Estado para solucionar sus propios asuntos que ahora el Gobierno pide la intervención internacional frente a cualquier situación o problema que se presenta, como en los recientes hechos ignominiosos ocurridos en Sucre. Falta poco para que entreguemos la Presidencia del Estado al Secretario General de la ONU o de la OEA.

En el plano interno, personas indefensas e inermes frente a la violencia, el racismo, la humillación, expuestas a la violación de sus derechos fundamentales por la sencilla razón de ser diferentes a los demás; enfrentamiento de ciudadanos contra ciudadanos por cualquier causa y motivo; violencia y vías de hecho de grupos y personas para hacer valer sus propias razones; justicia por mano propia generalizada. Ante esto, la justicia, Ministerio Público, Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas miran de palco, como si se tratara de una película de ciencia ficción.

Si un Estado vecino quisiera invadirnos no mandaría sus Fuerzas Armadas a la guerra sino a un grupo de estudiantes universitarios, por proporcionalidad de fuerzas, porque en Bolivia un grupo de estudiantes acorralan y humillan a efectivos militares que no tienen clara la película sobre su rol y actuación en conflictos internos.

Instituciones fundamentales de la República, de naturaleza apolítica, en el ámbito de la justicia, Ministerio Público, cortes electorales, Policía y Fuerzas Armadas contaminadas con la polarización y la lucha política, tomando partido por uno u otro bando, olvidándose de que están al servicio del pueblo y de toda la sociedad.

Prefectos que desconocen al Estado y tratan de imponer estatutos autonómicos parciales en contra del ordenamiento jurídico global, como señores feudales que se rebelan contra el rey y tratan de mantener sus privilegios encerrándose en sus castillos y señoríos, sujetos a la única ley que están dispuestos a cumplir y acatar: la que impone su voluntad unilateral y responde a sus intereses y deseos.

Presidente de la República que, de manera más simbólica que real, sólo puede gobernar una parte del país y, no obstante ello, trata de imponer un proyecto personal de poder en la nueva Constitución.

Ante esto, los políticos autistas continúan con sus juegos de poder utilizando a los ciudadanos en procesos referendarios para ellos y no para Bolivia.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.