• 24 DE MAYO DEL 2008 • Un grupo de campesinos capturados por universitarios capitalinos. Ayer llegaron hasta La Paz.

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´Se ha actuado como en una dictadura cualquiera, donde no existen garantías constitucionales y donde la Constitución Política del Estado no está vigente´, señaló el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar. Dijo que en la irregular captura se incurrió en los delitos de privación ilegal de libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución, y vejaciones y tortura.

El presidente de la Comisión de Política Social, Guillermo Mendoza (UN), dijo que oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de interpelar al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, por su actuación. “Yo no comparto la forma porque no ha sido la más adecuada; sin embargo, creo que es importante que tanto el Ejecutivo, como acusador entiendo, se ponga a derecho y todos estemos a derecho, también el acusado”, afirmó el senador Ricardo Díaz (MAS).

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y la ministra del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, coincidieron en las críticas (ver cuadros), mientras el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez, lamentó que el Gobierno haya ejecutado un secuestro. “Esto muestra que estamos transitando de un sistema democrático a una dictadura”, reflexionó.

En contraparte, los senadores masistas Antonio Peredo y Félix Rojas defendieron la actuación del Ejecutivo. “Hay que tomar medidas acertadas en el momento oportuno en defensa de la supervivencia del Estado. Felicitamos porque es la forma en que hay que defender la seguridad interna”, señaló Rojas.

Para Peredo, la acción gubernamental se justifica en la desconfianza que existe en la actuación de la justicia con sede en Sucre. “Han demostrado una parcialidad evidente que impedía acudir a ellos”, aseveró.

En Sucre, tras una reunión de emergencia, el Comité Interinstitucional condenó el “terrorismo de Estado“ promovido por el Gobierno y, en respuesta a esa medida, decidió movilizarse el próximo martes en una marcha por la unidad regional.

´Exigimos que se cumpla la Constitución y se respeten las leyes. Si hay alguna demanda contra algún chuquisaqueño tiene que hacerse por la vía legal´, afirmó el presidente del Comité, Jaime Barrón. Para el martes, la universidad convocó a una marcha de la unidad departamental, a la cual decidieron sumarse todas las instituciones locales.

Los representantes institucionales denunciaron además la intención del Ejecutivo de desestabilizar al Comité. ´El pueblo debe apoyar a sus autoridades, el Gobierno está queriendo desestabilizar al Comité y a la unidad de los chuquisaqueños para generar mayor apoyo a favor de su candidato a la Prefectura´, advirtió el rector. Los líderes chuquisaqueños temen que se produzcan otras detenciones. Redacción central y Sucre

Una comisión investigará

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió ayer constituirse en cabeza del Ministerio Público para investigar las agresiones que el 24 de mayo sufrieron en Sucre una treintena de campesinos afines al Gobierno.

La decisión, avalada con una resolución, fue asumida por los legisladores tras escuchar los testimonios de las víctimas, que ayer llegaron a La Paz para relatar los atropellos que sufrieron por parte de jóvenes que rechazaban la llegada del presidente Evo Morales a esa capital.

El arribo de los campesinos al Congreso coincidió con la presencia en La Paz del ciudadano Roberto Sandóval, quien fue traído de Sucre por la Policía acusado de ser uno de los instigadores de esos hechos de violencia.

Entre las personas que dieron su testimonio estuvo el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, además de Dora Copa y Eloy Cabezas, quienes relataron cómo ese día fueron golpeados y llevados a la plaza 25 de Mayo en Sucre, donde fueron obligados a arrodillarse y a pedir perdón por su ingreso a esa ciudad.

Opiniones

Es absolutamente inconstitucional
WALDO ALBARRACÍN Defensor del Pueblo

“En este caso no hay por dónde perderse. La acción desarrollada por el Gobierno es absolutamente ilegal e inconstitucional y vulneradora de derechos fundamentales. Si en criterio del Gobierno existen acusaciones contra la persona trasladada a La Paz, pudiera desarrollarse una investigación cumpliendo todas las formalidades legales, pero no desarrollar un operativo sin identificación, sin mandamiento de una autoridad”.

El Ejecutivo no hace justicia
SILVIA SALAME. Ministra del Tribunal Constitucional

“No existe esa facultad del Poder Ejecutivo para hacerse justicia por sus propias manos, porque eso sería el hecho de que se capture a un ciudadano. Indudablemente, no puedo hablar de este tema porque es probable que se presente un hábeas corpus, pero lo que quiero aclarar es que las normas son muy claras en Bolivia y la detención por la comisión de cualquier hecho es previas las formalidades legales”.

El ministro debe ser interpelado
GUILLERMO MENDOZA Diputado Nacional

´No es el modo, no es la forma... La acción de esta detención vulnera todos los derechos constitucionales vigentes. Por eso hemos coincidido varios parlamentarios, incluso del oficialismo, en que debemos interpelar al Ministro de Gobierno para que nos explique cuáles son los procedimientos y, si se han cometido errores, de forma hidalga se los reconozca. Ahí seguramente se podrá definir si hay censura o no´.