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Según la oposición, con esa norma el Gobierno busca descabezar a la Contraloría y a la Fiscalía, como ocurrió con el Tribunal Constitucional, considerando que el decreto establece que las sentencias no deben ser homologadas por el pleno de las cámaras. En tanto que el oficialismo dice que el objetivo es dar transparencia a la gestión y sancionar a quien cometa ilegalidades.

El decreto modifica el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y establece, en su Art. 2, que los casos de posible responsabilidad administrativa del Contralor, Fiscal o superintendentes “serán resueltos por las respectivas comisiones del Legislativo, con arreglo a los procedimientos establecidos en las leyes vigentes, debiendo oficiar como autoridad sumariante la Comisión que haya conocido la denuncia, y conocerá el Recurso Jerárquico la Comisión homóloga de la otra cámara´.

Anteriormente, la norma sólo establecía que las comisiones legislativas se hagan cargo de la resolución de los casos de responsabilidad administrativa de esas autoridades, pero no especificaba cómo debían actuar.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez (Podemos), dijo que con este decreto un partido puede destituir a una autoridad en dos semanas. “Se crea un procedimiento por el cual una comisión procesa una denuncia contra el Contralor o el Fiscal, la procesa y encuentra culpables por responsabilidad administrativa; luego le da sentencia —por ejemplo la destitución— y eso va a la comisión homóloga de la otra Cámara en recurso jerárquico y definitivo, con lo que se cierra el círculo y un mismo partido dentro del mismo Congreso puede lograr, en menos de dos semanas, la destitución del Fiscal , del Contralor y de los superintendentes”.

Sin embargo, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, explicó que se aprobó el decreto ´ante el vacío de la Ley 23318-A. Ese vacío no es novedad y no tendría que perturbar a la autoridades en la medida que esa era una práctica que impedía que se procese al Fiscal y al Contralor por las comisiones de Congreso, pues no identificaba claramente qué comisiones podían investigar y cómo podía recurrir la acción´.

Acotó que ´más bien deberían estar tranquilas las autoridades, pues ahora tendrán certeza y certidumbre de que van a poder ser investigados´. Dijo que con la anterior norma no se podía hacer una investigación administrativa. ´Que responda la oposición. ¿Qué caso han procesado?´.

OTRAS FACULTADES

Congreso • El Decreto 29536 establece que ´la responsabilidad ejecutiva del Contralor General de la República podrá ser dictaminada por el Congreso Nacional, en base a un informe de auditoría operacional´.

Senado • El anterior Decreto 23318-A señalaba que esa determinación la hacía el Senado.

Vicepresidente • La nueva norma además autoriza al Vicepresidente de la República a contratar un ente auditor para la elaboración de ese informe de auditoría operacional de la Contraloría General de la República.

Antes • El Decreto 23318-A no especificaba quién hace la contratación de la entidad auditora.