El financiamiento de los partidos
Rolando Morales Anaya*

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Aunque es un tema poco estudiado, se supone que hasta los años 50, el financiamiento de los partidos políticos provenía de los aportes de sus miembros, que pertenecían a familias acomodadas. A muchos no se les conoce antecedente laboral.

A partir de la Revolución de 1952, el MNR, que constituyó casi el único partido en cerca de dos décadas, utilizaba recursos estatales para sus actividades partidarias. Más aún, éstas se confundían con las propias del Estado, pues el partido se confundía con él. Paralelamente, dio inicio a lo que se conoció como los “negociados”, práctica por la que el Estado acepta pagar un sobreprecio a la compra de bienes y servicios, el que era después distribuido entre sus gestores y el partido.

Las diferentes dictaduras y gobiernos civiles que sucedieron inventaron los gastos reservados para financiar sus actividades partidarias. La oposición, conformada esencialmente por corrientes de izquierda, financiaba sus actividades con el aporte patriótico de sus miembros profesionales y con alguna ayuda que obtenían del exterior de organizaciones políticas hermanas y de movimientos humanistas.

En los noventa, los partidos hegemónicos de entonces, el MNR, la ADN y el MIR, buscaron perpetuarse en el poder asegurando el financiamiento necesario para sus actividades. Para ello, aprobaron una ley que les otorgaba millonarios recursos estatales en proporción a los resultados que obtuvieron en las elecciones. Sabiamente, esta ley fue abrogada por iniciativa del MAS. Con ello, se abrió nuevamente la interrogante sobre cómo los partidos financiarán sus actividades.

El aporte voluntario de los militantes sigue siendo la opción políticamente correcta. Mas, existe también la tentación de imponer aportes obligatorios a los funcionarios públicos que accedieron a esos puestos a través de una decisión política. Esta opción es inadecuada desde el punto de vista de la eficiencia, pues la imposición puede ser fácilmente confundida como la concesión de un derecho que no puede ser anulado por razones administrativas. Por otro lado, puede ser calificada como una práctica corrupta, pues puede interpretarse como un desvío de recursos estatales hacia fines partidarios, o en su defecto como un acto de extorsión, según si la retención es realizada antes de entregar el sueldo o salario o después. Existe otra modalidad, tan perniciosa como las precedentes: algunos militantes piensan que su trabajo en el partido debe ser compensado con una función en la administración pública, independientemente de la capacidad que tengan para realizarla, y están de acuerdo en transferir parte de su sueldo al partido que los patrocina.

Entendiendo bien estos problemas, el presidente Evo Morales ha dado una excelente lección de ética al desalojar de la administración pública la práctica del clientelismo y al haber instruido a su militancia eliminar los aportes obligatorios. Paralelamente, ha pedido poner el esfuerzo que requiera la recolección de aportes voluntarios, lo que es política y éticamente correcto.

Rolando Morales A.
es superintendente de Empresas.