El rapto de Lenin
Agustín Echalar Ascarrunz*

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La semana pasada hemos vivido una de las chambonadas gubernamentales más grandes de los últimos tiempos, y es que secuestrar a un ciudadano, por muy cangrejo que éste sea, no es cosa de poca monta y puede llegar a costarle a algún alto funcionario del Ministerio de Gobierno, eventualmente al mismísimo ministro, no sólo la pega, sino su libertad.

El evento puede ser visto desde dos perspectivas: por un lado, como una tremenda estupidez de quienes decidieron y operaron la acción. Primero, porque sólo ayudó a desprestigiar aún más al Gobierno; ahora tiene un antecedente más de perpetrar un secuestro (no hay que olvidar al ciudadano cubano) y para colmo un personaje que no puede inspirar simpatía, pero que es un fuerte opositor, ha sido victimizado y casi convertido en héroe.

Lo lógico, lo sensato y lo honorable sería que el Ministro de Gobierno renuncie a su cargo, aunque claro, eso no podría ser solicitado por los miembros del Comité Interinstitucional de Sucre, porque ahí también debieron darse renuncias y purgas.

Ahora bien, el que un juez de El Alto liberara a Lenin, nos ha dado a los bolivianos no sólo un cierto respiro, sino hasta un motivo de orgullo. Por lo menos en este caso, el sistema judicial ha funcionado. Que esto sucediera nada menos que en El Alto, que es un enclave de respaldo y sumisión al Gobierno, en contra de éste, no es poca cosa. (Independientemente de que los movimientos sociales deberían apoyar a Lenin, porque se lo quiere juzgar por algo que pondría a buena parte de los dirigentes alteños también detrás de rejas).

No crea, estimado lector, que siento el menor aprecio por el activista de Sucre, a quien he oído sutiles pero inequívocas declaraciones racistas, pero de lo que se trata es de tener un sistema judicial que proteja con extremado celo los derechos de todos los ciudadanos, aún de los más crápulas y trogloditas, y los derechos más importantes ante un juez son el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Ahora bien, por el otro lado, lo interesante es que, en estos tiempos de movimientos sociales inmunes e impunes, el Gobierno, al iniciar una querella contra un activista y protagonista de disturbios, está sentando el precedente para poder juzgar todos los actos vandálicos y sediciosos que han marcado la vida nacional desde principios de siglo. Y eso no está nada mal.

Con un poco de ingenuidad, podríamos felicitarnos por estar iniciando un período de respeto a las normas, que es, a fin de cuentas, la mejor manera de respetar a los demás, pero claro, sabemos que estamos todavía muy lejos de ese sendero, y para colmo nos toca cruzar un caudaloso y torrentoso río que no tiene puente porque lo volamos con dinamita hace casi cinco años.

*Agustín Echalar A.
es periodista independiente.