Tal como están las cosas en el país, es urgente terminar con el autismo político y buscar respuestas concretas y efectivas a problemas concretos y reales.
Los poderes enfrentados no tienen la fuerza suficiente para imponerse el uno sobre el otro. Esto conduce a tres salidas: La resolución violenta del conflicto, la derrota de una de las partes por desgaste, o la aceptación de que es necesario un acuerdo pacífico que salve a la nación. Creo que un acuerdo de buena fe, que garantice los principios básicos de cada parte (Gobierno, Parlamento —y en consecuencia partidos con representación parlamentaria—, Poder Judicial, Asamblea Constituyente, prefecturas y comités cívicos) y permita la cesión de cada uno para lograrlo, es el camino deseable.
Hay dos prioridades básicas que son condición sine qua non para un acuerdo de contenidos, la recuperación de la ley y el orden. Ley: Nombramiento de diez miembros independientes e idóneos en el Tribunal Constitucional y nombramiento de la totalidad de los miembros —independientes e idóneos— de la Corte Nacional Electoral (lo que exige el sacrificio patriótico de renuncia de los tres vocales actuales). Eso implica obviamente el compromiso de todos de aceptar a ambos como últimos árbitros y jueces en sus respectivas jurisdicciones. Orden: Reestructuración total e institucionalización de la Policía boliviana y respeto institucional de las FFAA. Compromiso del Gobierno de terminar con el manoseo de esas fuerzas y un acuerdo nacional de respaldo a esa institucionalidad.
Acuerdos nacionales mínimos: Políticas de Estado concertadas en energía, tierras, política fiscal, orden interno y relaciones exteriores (inserción en el mercado mundial y política marítima). Deberían lograrse antes del acuerdo para el contenido de la nueva Constitución.
Autonomías: Reconocimiento pleno de las autonomías departamentales que tenga como base el proyecto estatutario de Tarija. Compromiso de un Referéndum autonómico en los cinco departamentos que dijeron No y compromiso del Presidente de apoyar el Sí a las autonomías en esos cinco departamentos. Eliminación de la autonomía regional. Fortalecimiento y reconocimiento, tal como funciona hoy, de la autonomía municipal. Reconocimiento pleno de las autonomías indígenas con base territorial en circunscripciones y mancomunidades municipales con aplicación plena de justicia comunitaria (apelable y delimitada con claridad) y sistemas electorales diferenciados para elegir autoridades ediles con base legal reconocida en sus mecanismos históricos de elección. Compromiso de las regiones de poner en vigencia sus estatutos (previamente concertados) sólo después de la aprobación de la nueva Constitución vía referéndum nacional.
Constitución: Reconocimiento en el preámbulo constitucional de nuestro pasado indígena y occidental y de que somos herederos de ambas culturas. Reposición del concepto de nación boliviana y reconocimiento de 37 pueblos indígenas (no naciones). Delimitación clara del rol y competencias de los pueblos indígenas en la administración de los recursos naturales renovables en coordinación con el Estado y sujetos a la propiedad irrenunciable de éste sobre esos recursos. Compromiso de promover la interculturalidad como principio rector de las relaciones de nuestra sociedad a partir de concepciones nacionales de educación, preservación y aprendizaje de lenguas nativas (con las competencias autonómicas pertinentes en este campo), a la par que el fortalecimiento de la universalidad por la vía del castellano en el marco de una real inclusión y equidad. Aceptación del papel rector del Estado en el manejo de recursos estratégicos, de la función económica y social de la tierra y el bien común, a la par de un reconocimiento pleno de la propiedad privada en ese marco. Aceptación de que la iniciativa privada nacional y extranjera es necesaria y positiva, como lo es la iniciativa mixta, cooperativa y comunitaria, tanto en términos productivos como organizativos. Eliminación de cualquier discriminación positiva o negativa por cuestiones étnicas. Que la raza deje de ser un elemento diferenciador o calificador de estigmas, virtudes, defectos, ventajas o desventajas para el ciudadano en el texto constitucional. Eliminar, en ese contexto, cualquier otro tipo de discriminación vinculado a la lengua para el ejercicio de cargos públicos.
Tema presidencial: Definir entre tres opciones. No reelección del Presidente. Reelección por una sola vez después de un periodo de cinco años. Reelección inmediata por una sola vez (periodos de cuatro años), con la condición de que si el Presidente no es reelecto, no pueda serlo nunca más.
Instituciones, procesos electorales y tiempos: Reconocimiento de la vigencia de la actual Asamblea Constituyente (AC), con la condición de que ésta reconozca las ilegalidades del proceso aprobatorio del actual proyecto. La AC tiene potestad para aprobar las correcciones del proyecto una vez logrados los acuerdos nacionales básicos. Será crucial que el nuevo texto establezca con claridad la relación Estado-autonomías (con un marco general y especificidades propias en cada departamento y municipio). Anulación del referéndum revocatorio y en cambio, convocatoria para septiembre del 2008 a un referéndum autonómico en los cinco departamentos que dijeron No, para octubre una reunión final de la AC, para noviembre la aprobación final del texto constitucional, para la primera semana de marzo del 2009 el referéndum de salida de la Constitución, para la última semana de junio del 2009 elecciones generales y para agosto del 2009 la instalación del nuevo gobierno nacional, departamentales y locales y la puesta en vigencia del nuevo orden constitucional autonómico.
Estas ideas generales no tienen otro propósito que contribuir a la reflexión en un momento tan difícil como el que vivimos. La vocación suicida puede entenderse en un individuo sumido en la depresión sin fin, pero no en una sociedad vital y con grandes potencialidades como la boliviana.
*Carlos D. Mesa G. es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.
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