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“La Corte Suprema, como tribunal que debe conocer el juicio de responsabilidades, está cumpliendo con todos los requerimientos, pero otra cosa es que también hay actuaciones que deben cumplir las partes del proceso. La Corte no es la que va a viajar a Estados Unidos a realizar la extradición”, señaló Fernández en Cochabamba.

En Sucre, Mendoza explicó que la Corte Suprema envió todo el proceso a la Cancillería de la República para continuar con este trámite y dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe legalizar y traducir todo el legajo.

Posteriormente —agregó— el Gobierno deberá remitirlo a la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, para que luego, mediante una nota diplomática, se dirija al Departamento de Estado. “Esta instancia deberá, si cree conveniente, revisar el exhorto a objeto de que analice el cumplimiento de todos los requisitos”.

De acuerdo al procedimiento, que ayer Mendoza explicó, una vez que se cumple esa fase, el trámite pasa a manos del Departamento de Justicia y, luego de una revisión jurídica, la causa debería ser remitida a un juez de los estados donde actualmente radican Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague para que, finalmente, se decida o no su extradición a Bolivia.

Mendoza dijo que el objetivo del Ministerio Público, paralelamente a la extradición, es que la Suprema defina la fecha para iniciar el juicio en contra de los 14 ex colaboradores de Gonzalo Sánchez de Lozada que permanecen en el país.

“La sentencia al resto (de sus colaboradores) puede servir para la extradición de Sánchez de Lozada, porque diremos que sus

colaboradores ya han sido sentenciados, después de un proceso judicial, y ese elemento puede servir como un antecedente fuerte para la extradición del ex presidente”, explicó Mendoza. Redacción Cochabamba y Sucre

ANTECEDENTES

Implicados • Los involucrados en el caso “octubre negro” que radican en Bolivia son los ex ministros Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Torres, Guido Áñez, Hugo Carvajal Donoso, Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino.

Alto Mando • Además, fueron incluidos los miembros del Alto Mando Militar del 2003, los generales Roberto Claros, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Véliz, Luis Alberto Aranda y José Quiroga, todos acusados por delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio y otras figuras.