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Entidades como Amnistía Internacional o el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados se oponen a la directiva porque creen que “dañará gravemente” los derechos humanos de los inmigrantes, indica el despacho.

Mientras que el diario español El País afirma que “en el Parlamento Europeo, la situación no es pacífica. Los socialistas y Los Verdes están muy divididos. La división depende en buena medida de si los partidos están o no en el gobierno. España apoya la directiva, porque la inmigración se ha convertido en un asunto cada vez más serio y busca el respaldo de la UE. En cambio, los socialistas franceses están en contra”, según la nota.

En opinión del comisionado europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, la aprobación del mecanismo representaría un avance. Barrot se basó particularmente en que nueve de los 27 países de la UE no fijan actualmente límites temporales de retención.

La secretaria de Estado española de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, sostuvo que se lograron acuerdos “bastante razonables” en las discusiones de los aspectos más controvertidos del texto, según la BBC. En tanto que para la portavoz socialista en la Eurocámara, Martin Roure, “18 meses es un período demasiado largo para mantener a los inmigrantes detenidos (encarcelados) en los centros de retención”.