• PREFECTO • Mario Cossío hace campaña por el Sí al Estatuto Autonómico.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El secretario general de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza, anticipó ayer que las autoridades electas en Yacuiba, el 15 de este mes, no serán reconocidas y reafirmó la decisión del gobierno departamental de mantener en funciones a Adolfo Reynozo, al menos hasta que se ejecute el Estatuto Autonómico.

“No vamos a reconocer los resultados. Este es un proceso que no tiene ninguna base legal”, afirmó, en línea opuesta al diputado chaqueño Wilman Cardozo, quien demandó a las autoridades tarijeñas reconocer las elecciones y a las autoridades electas.

El problema derivó de la decisión del Prefecto de designar a Reynozo como subprefecto, sin haber concertado la decisión con los representantes de Yacuiba.

“Lo único que le puedo sugerir es que reconozcan a las autoridades que se elijan el domingo, porque de lo contrario podría ponerse en riesgo el proceso autonómico, no sólo en Yacuiba, sino en Tarija”, insistió Cardozo, tras recordar que en Yacuiba se encuentra el 30 por ciento del padrón electoral departamental.

Cossío advirtió que “con esa pretendida elección del 15 de junio, algunos aliados del Gobierno y del MAS pretenden afectar la aspiración autonómica del departamento de Tarija”.

En la misma línea, el diputado de Tarija, Rodrigo Paz, sugirió al Prefecto “reconocer el voto popular”, ya que lo contrario implicaría “debilitar el proceso autonómico”. Para el Gobierno, se trata de “una contribución interesante a la profundización de la democracia”, según señaló el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, quien ayer se encontraba en Yacuiba.

En Villamontes y Caraparí también se escucharon voces opuestas a la decisión de Yacuiba. El cívico de Caraparí, Lean Chali, acusó al alcalde yacuibeño, Carlos Bru, y al diputado Cardozo de “buscar dividir a la provincia (Gran Chaco)”. Similar criterio expresó su colega de Villamontes, el cívico Felipe Moza.

Denuncian campaña sucia

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, denunció ayer que el Gobierno paga 300 bolivianos a cada persona para que no vote en el referéndum del 22 de junio, como una forma de generar ausentismo y atentar contra el proceso autonómico departamental.

Según Bayard, los masistas retienen la cédula de identidad y les dan un anticipo de 100 bolivianos, bajo el compromiso de que después de la consulta popular se les devolverá el documento con los restantes Bs 200.

Dijo que similar estrategia se realizó en Pando, con el objetivo de evitar que la gente asista a las urnas. ´Es un trabajo cochino que siempre ha caracterizado a este Gobierno, ahora lo está haciendo en Tarija´, dijo el dirigente.

En tanto, el secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental, Wálter Mogro, denunció que el Ejecutivo movilizó a su gente para hacer una campaña en contra del Sí al Estatuto Autonómico departamental del 22 de junio. Acusó al ciudadano peruano Wálter Chávez de comandar a estas personas. Tarija, ANF