El derecho a rebelarse
Germán Gutiérrez Gantier*

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Una rápida revisión de la agenda política nacional nos muestra que se entrecruzan una suerte de conflictos que afectan irremediablemente al ciudadano común, sea en su condición pasiva o activa en el conflicto.

El paro indefinido del transporte; el intrascendente diálogo propiciado por el Vicepresidente de la República; el acuerdo de la COB y el magisterio para luchar contra el Gobierno central por la desatención a sus pedidos; los graves yerros del Ministro de Gobierno en la detención y secuestro de un ciudadano en Sucre por paramilitares; el incumplimiento de la Policía en ejecutar las órdenes de captura en contra de miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente acusados de incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional.

Las decisiones atropelladas de la Corte Nacional Electoral por las que obligan a las cortes departamentales a no proceder a ninguna depuración de ciudadanos que no hayan votado en la presente gestión en vistas al referéndum revocatorio; las articulaciones divisionistas y de confrontación del Gobierno nacional en Tarija, previas al referéndum autonómico del 22 de junio; las agresiones, ofensas y desinformación gubernamental de todo lo que sucede en Sucre antes de las elecciones prefecturales del 29 de junio, que fundan su campaña en la agresión y pretendida división entre ciudad y campo; las exigencias de los constructores que piden reajuste a los precios de las obras por la subida en los precios de sus insumos; las graves muestras de una absoluta inseguridad ciudadana que es agredida impunemente por la delincuencia organizada ante la mirada pasiva, unas veces, y otras ante la complicidad de la Policía; la incorporación inconstitucional a las FFAA en tareas de represión; la inmisericorde subida de los precios de la canasta familiar sin ningún control por parte de las autoridades nacionales; la abundancia verbal de nuestro Presidente en el ámbito internacional que, como país, nos crea más de un problema; el anunciado incumplimiento de la provisión de gas a Argentina por parte de Bolivia, etc., nos da una clara imagen de lo que está sucediendo en el país. La lista podría ser más larga, pero como ejemplo basta y sobra.

Si alguien sostiene que con todo lo que pasa estamos bien, o es un iluso o no sabe lo que significa la palabra autocrítica, o terminará en su insoportable liviandad por echarle la culpa al imperialismo, a los oligarcas, al neoliberalismo a Pedro, Sancho o Martín.

Qué en contrapartida podrán sostener los defensores del Gobierno que nacionalizaron sin nacionalizar nada, que impusieron una dudosa política de austeridad, que visibilizaron a los marginados a costa de su pobreza y su vergonzante utilización como carne de cañón en sus heroicas confrontaciones violentas en diversos puntos del país. Que cada salida al exterior del Presidente por supuesto da vergüenza ajena; que en sus elucubraciones los ideólogos del MAS reemplazaron la lucha de clases con la lucha racial y regional, hoy motivada e incentivada desde el Palacio por los estrategas del odio, claro que sí. En este caso, la lista también podría ser más extensa.

Si el panorama sigue con esta tendencia de desorden social, político, económico, regional y de odio entre hermanos bolivianos producto de la persistente pretensión presidencial de imponer un modelo autoritario en el manejo del poder, con la vulneración de los derechos de las personas de manera abierta y preocupante, la situación estará al borde del descontrol.

En este estado de cosas, ¿acaso los ciudadanos de a pie no tendrán el legítimo derecho de defender sus derechos afectados? Porque, cuando un gobierno no implementa las políticas necesarias para garantizar los derechos de las personas, ya sea por acción u omisión, está vulnerando esos derechos.

En consecuencia, ningún gobierno, así tenga el respaldo delegado del voto ciudadano, puede ejecutar políticas que atenten los derechos de las personas, de ahí que toda persona que se vea afectada en sus más importantes derechos como a la vida, a la seguridad jurídica, a la alimentación, al libre tránsito, al trabajo legítimo, en fin, a vivir en paz, tiene el derecho de rebelarse e implementar una lucha no violenta contra la agresión estatal.

*Germán Gutiérrez G.
es abogado constitucionalista.