El Consejo de Ministros italiano aprobó ayer un proyecto de ley para limitar las escuchas a las investigaciones de delitos penados con más de 10 años de cárcel y contra la administración pública, al tiempo que aumenta hasta tres años las sanciones para quien las publique cuando aún están bajo secreto.
El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explicó que el actual sistema de escuchas telefónicas o ambientales en el curso de investigaciones judiciales había “degenerado” y que el derecho a la intimidad “había sido violado muchas veces”.
Alfano concretó que las escuchas se podrán hacer siempre en investigaciones por delitos como la mafia, el terrorismo y aquellos de “grave alarma social”, además se incluyen los efectuados contra la administración pública, con penas de más de cinco años.
El proyecto defiende el derecho a la intimidad de los ciudadanos, recogido en la Constitución, y es acorde con las normas europeas. El proyecto aumenta las penas para quien conoce y publica las escuchas cuando están protegidas por el secreto de sumario, por ejemplo en el caso de los periodistas, que serán sancionados con penas de uno a tres años de cárcel. Roma, EFE