El caso Sánchez Berzaín
Carlos Alberto Mostajo*

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En días pasados, los medios informaron que la Embajada de EEUU señaló que si el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín cometió delitos, perdería el asilo. Muchos de quienes no pertenecemos a ningún partido ni hemos vivido de la política también conocemos la trayectoria de Sánchez Berzaín y de otros políticos que pretendieron hacer del país su feudo y rebasaron los delitos tipificados en el Código Penal.

Conforme manda el Art. 81 de la Constitución, las leyes sólo son obligatorias desde el día de su publicación. Por eso, en forma dolosa, el 17 de octubre de 2003, supuestamente se publicó el DS 27213 para que el descargo de los ingentes gastos reservados extraídos del BCB en esa semana de convulsión, se efectúe ante el Presidente de la República ese mismo día.

Pero ocurre que el 17-10-03 no hubo actividades públicas ni privadas, el Palacio de Gobierno estaba cerrado, custodiado por tanques, y la Gaceta Oficial, al igual que los paceños, no trabajó. De ahí que es falso que el DS 27213 se hubiese promulgado en el Palacio ese día (como reza su texto) porque ni el ex presidente ni sus ministros pusieron un solo pie allí ese día; es falso que los empleados de la Gaceta hayan trabajado ese día; es falso que ese decreto se hubiese publicado ese día, y es falso que esos gastos reservados se hubiesen descargado ante presidente alguno. A las 15.00 del 17-10-03 Sánchez de Lozada renunció y fugó de Bolivia; también los ministros que firmaron ese decreto, Carlos Sánchez Berzaín, Javier Torres Goitia y Yerko Kukoc. Consiguientemente, la Gaceta Nº 2530 del 17-10-03, que publica el DS 27213, es un instrumento público que contiene falsedades ideológicas insertadas para intentar consumar el robo agravado de los fondos de los gastos reservados sustraídos del BCB. Por ello, se debe abrir una causa penal contra Sánchez Berzaín, Torres Goitia, Kukoc y otros que lo firmaron así como contra los funcionarios de la Gaceta Oficial que dicen haberlo publicado el 17-10-03.

Como la ausencia de rendición de cuentas y el robo de los fondos de gastos reservados se está consumando después de que los ex ministros dejaron sus cargos, hay delitos comunes cometidos por particulares cuyo procesamiento no requiere autorización congresal y debe efectuarse en la justicia ordinaria. Estos delitos son muy fáciles de probar y constituyen un justificativo pleno para presentarlo al Gobierno norteamericano solicitando el levantamiento del asilo concedido a Sánchez Berzaín.

Quienes mataron decenas de bolivianos y robaron el dinero de gastos reservados del Estado ya no deberían circular las calles impunemente, ni en Bolivia ni en el extranjero. Al menos deberían estar presos junto a sus cómplices y encubridores, resarcir el daño causado y devolver el dinero robado.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.