Voto castigo
Carlos Alarcón*

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En las actuales circunstancias, ¿qué es lo que necesita el soberano en Bolivia, el pueblo en su conjunto, para vivir en paz, tranquilidad, unidad y progreso? Necesita un pacto social de todos los factores reales de poder que se exprese en una nueva Constitución. Éste es el mandato urgente que el dueño de la soberanía, los ciudadanos mayores de 18 años, exigimos al Presidente de la República y a los prefectos de departamento.

Nuestros mandatarios, en lugar de cumplir con este mandato, le dan la espalda al dueño del negocio, dedicándose a una agenda distinta, en procura de sus propios intereses. El Presidente pretende conseguir una victoria contundente en el referéndum revocatorio, para que este resultado le sirva como trampolín o catapulta a la nueva Constitución, que es la llave maestra para su proyecto personal de poder y la imposición de hegemonía de un sector —indígena— de la sociedad sobre otro —no indígena—. Los prefectos de la mal llamada media luna pretenden imponer al conjunto del país sus estatutos parciales e inconstitucionales, para enterrar de manera definitiva al proyecto de Constitución del MAS, tratando de consolidar proyectos regionales de poder, al servicio de intereses de grupos y sectores que en épocas anteriores medraban del Estado.

Gráficamente, es como si el dueño de una casa necesita venderla con urgencia para pagar los costos de una operación quirúrgica que le salvará la vida (pacto social = nueva Constitución); para ello otorga mandato a distintos mandatarios (Presidente y prefectos de departamento). Los mandatarios, en lugar de vender la casa, se dedican a sus propios negocios, desatendiendo el mandato conferido; unos atienden su panadería (Presidente) otros su heladería (prefectos). El mandante, dueño del negocio principal (pueblo de Bolivia), se da cuenta de que el riesgo para su vida aumenta con la demora en la venta de su casa, por falta de interés y descuido de sus mandatarios. Después de tanta insistencia de su parte para que cumplan adecuadamente el encargo (diálogos 1, 2, 3, 4, 5, etc.), se cansa de esta situación y toma el toro por las astas: revoca el mandato y designa nuevos mandatarios.

El gran perjudicado por la polarización y ausencia del pacto social es el ciudadano de a pie, que seguirá viviendo en un escenario de violencia social generalizada, incertidumbre para proyectar su desarrollo personal y el de su familia hacia el futuro y caos o anarquía institucional de instituciones que ya no responden a la república (a la cosa de todos) sino a los intereses de los combatientes que pertenecen a los bandos enfrentados.

En este contexto, si los actores principales de la política continúan con sus juegos de poder y hegemonía, haciendo fracasar cuantas oportunidades de diálogo se presentan para concretar el pacto social, lo que le queda al soberano frente a la realización del referéndum revocatorio es optar por el voto castigo para el Presidente y los prefectos. Revocar el mandato de mandatarios infieles.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.