¿Rentismo populista? No, propietarios sí
Armando Méndez Morales

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

...si las personas reciben ingresos que más parecen subsidios o “regalos” del Estado, lo que se incentiva es el “rentismo”...
Roberto Laserna y Juan Antonio Morales, dos prestigiosos profesionales de nuestro medio, han reiterado su propuesta de que los recursos provenientes de la renta petrolera, que percibe el Estado boliviano, sean directamente distribuidos a la población y de que éstos pasen a ser de libre disponibilidad de sus recipientes. Dos son los principales argumentos en los que esta propuesta se basa: el primero, que se considera que los recursos naturales son de propiedad de todos los bolivianos y, segundo, que se supone que quienes mejor asignan los escasos recursos de toda economía son las personas consideradas individualmente y no así el Estado.

Sobre la base de estos mismos argumentos, considero que la mejor opción no es que el Estado se dedique a distribuir rentas, sino a distribuir propiedad, y por las siguientes siete razones que paso a exponer:

Primero, si es cierto que los recursos naturales, en este caso los hidrocarburos, son de propiedad de todos los bolivianos, entonces, lo que corresponde es transparentar y perfeccionar esta propiedad entregando en tal condición a los bolivianos, para que ellos decidan lo que mejor vean conveniente hacer con ese patrimonio y en función al segundo argumento, que dice que las personas son los mejores jueces al momento de asignar sus propios recursos, no así cuando son ajenos.

Segundo, al no reconocer explícitamente el carácter de propiedad privada a la fuente de los recursos hidrocarburíferos a distribuirse entre la población, su entrega más parecería una dádiva estatal que un legítimo derecho, y que puede ser modificado en cualquier momento, como la experiencia ya ha demostrado. Si Sánchez de Lozada hubiese entregado el 50 por ciento de las empresas capitalizadas, en propiedad privada a los bolivianos, en lugar de la creación de un confuso “Fondo de Capitalización Colectiva”, para el pago del Bonosol, se hubiese frenado la posibilidad de retornar al estatismo empresarial del Gobierno actual. Se debe recordar cómo se metamorfoseó al Bonosol, primero a “Bolivida” y, ahora, a “Renta Dignidad” y bono Juancito Pinto.

Tercero, al recibir los bolivianos en propiedad privada la alícuota correspondiente al valor de los yacimientos hidrocarburíferos descubiertos y en fase de explotación, hoy, en forma de acciones, ellos podrían mantenerlos o negociarlos. De esta manera, se desarrollaría un pujante mercado de capitales, tan exiguo en Bolivia. Quienes prefirieran el consumo presente, o una inversión particular pequeña, venderían su propiedad. Quienes consideraran que el patrimonio recibido es valioso porque ofrece grandes ganancias en el futuro, lo mantendrían.

Cuarto, si las personas reciben un ingreso únicamente como consecuencia de la productividad de la propiedad de sus factores productivos se incentiva la actividad económica productiva responsable; en cambio, si las personas reciben ingresos que más parecen subsidios o “regalos” del Estado, lo que se incentiva es el “rentismo”, el “patrimonialismo”, acertadamente tan criticado por Laserna.

Quinto, por un lado, la propuesta responde al paradigma keynesiano simple que considera que se puede mejorar la

producción y el bienestar de la gente impulsando políticas expansivas de demanda, propuesta válida sólo si la oferta productiva interna puede aumentar con facilidad. La experiencia demuestra que el aparato productivo boliviano es muy débil y rígido, y que políticas expansivas de demanda siempre terminan acelerando el volumen de importaciones para el consumo y el permanente mal que es la inflación, y no en aumentos de la capacidad productiva del país. Por otro lado, la propuesta ideológicamente responde a un criterio

socialista que considera tarea fundamental del Estado la redistribución del ingreso, no de la riqueza, que debe permanecer en poder del Estado. Pero como la experiencia demuestra el fracaso de las políticas redistributivas de ingreso, focalizadas a favor de los pobres, se la aplica de manera generalizada, entregando ingresos a los pobres y a quienes no lo son, con el agravante de que convierte a esta tarea en continua, cual es distribuir ingresos como si fuese una función permanente del Estado. Refuerza la mentalidad socialista.

Sexto, la experiencia que en el país se tiene, con los bonos ya referidos, es que se constituyen en subsidios a las familias para aumentar su consumo y no necesariamente el básico. Por ejemplo, en el caso del bono Juancito Pinto me consta que niños de familias de bajos ingresos dedicaron esos recursos a la compra de juguetes. Y los estudios que se hicieron sobre el Bonosol demuestran que, fundamentalmente, se canalizaron a gastos de consumo, no del anciano sino de su familia. Si el país quiere desarrollarse, lo primero que tienen que hacer es invertir en lugar de consumir. Y cuando se reciben acciones, que dan derechos a flujos futuros de ingresos, en lugar de inciertos flujos de ingreso reducidos y dispersos, se incentiva la inversión y no el consumo.

Séptimo, otra alternativa para el uso de los enormes recursos provenientes de la renta hidrocarburífera sería sustituir impuestos actuales recaudados. Se debería disminuir la tasa de impuesto al IVA, eliminar el denominado IVA importaciones, eliminar todos los impuestos que afectan a las pequeñas y microempresas, ya que estos recursos que financian el gasto público podrían, de hoy en adelante, ser financiados con la renta petrolera. Además, de esta manera, se podría incentivar la imperiosa formalización de la economía boliviana.

*Armando Méndez M.
es ex presidente del Banco
Central de Bolivia.