El empresario español Javier Villanueva, absuelto por el caso del asesinato de la fiscal antidroga Mónica Von Borries (2004), demandó al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, por haber sufrido en el país, según señala la demanda, “una detención ilegal que vulneró sus derechos fundamentales”.
La demanda superaría los 700.000 euros, monto que el sevillano asegura demandó a sus familiares los gastos de su proceso.
Villanueva declaró ayer en España a la agencia Europa Press que la demanda interpuesta contra Bolivia, realizada el pasado 12 de junio, se basa en su “detención y arraigo ilegal así como las torturas y privación de libertad que padeció durante cuatro años”.
El ciudadano sevillano fue implicado, junto a una banda liderada por el italiano Marco Marino Diodato, en el caso del asesinato de la fiscal Mónica Von Borries, que se efectuó, a través de un coche-bomba, en Santa Cruz el 27 de febrero del 2004.
Durante un año y medio, Villanueva permaneció en la cárcel y, posteriormente, se le concedió arresto domiciliario por cinco meses, hasta marzo del 2006. Entonces logró ser absuelto y puesto en libertad. Sin embargo, ese año recibió una orden de arraigo en Bolivia por ser extranjero. En diciembre del 2007, el ciudadano español fue absuelto y dejó el país el 14 de enero de este año.
El abogado de Villanueva, Alfonso Martínez del Hoyo, explicó que se trata de una denuncia inicial que pone de manifiesto los hechos y declaró que aún no ha detallado con su representado la cuantía que pedirán en caso de que la demanda prospere.
“Pedimos que Bolivia pare de violar los derechos de las personas y con esta demanda intentamos aportar con un granito de arena para que sea un estado más justo”, indicó por su parte Javier Villanueva a Europa Press.
Al respecto, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, señaló que el Estado se defenderá. “No hablamos de un caso aislado ni de una responsabilidad estatal, es el sistema judicial el que ha juzgado y el Gobierno no puede pronunciarse al respecto porque no fue el que lo juzgó y condenó. Sin embargo, será la Corte Suprema y la Fiscalía de Santa Cruz las que deban responder”.