• HALLAZGO DE ARMAS • Un poblador de Cuevo (Santa Cruz) muestra armas que los guaraníes tenían en su poder, en abril.

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“La primera acción será la continuidad de ese proceso en condiciones participativas y pacíficas. Lo estamos haciendo; ya son semanas que hemos retomado contactos entre el Viceministerio de Tierras, el Instituto de Reforma Agraria (INRA) y todos los actores agrarios de Alto Parapetí”, señaló el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Almaraz llamó a una rueda de prensa para referirse a este asunto, una semana después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe sobre la situación de los indígenas de esa región del país.

El informe criticó la ausencia del Estado en la zona y reveló que la situación de “servidumbre análoga a esclavitud” de las comunidades guaraníes cautivas no había sido superada desde el 2006, cuando se hizo una primera visita a ese territorio.

La autoridad admitió que la presencia del Estado en la zona en disputa con los ganaderos y hacendados es “débil”, pero aseguró que el Gobierno “asume el llamado de la comisión, que nos insta a dar solución a estos grandes problemas, así como insta al Estado a dar protección a estas personas que sufren la vulneración de sus derechos”.

No obstante, la autoridad no precisó una fecha para que alguna comisión reingrese a la zona de la cual el Ejecutivo fue expulsado en febrero pasado. “(Fijar una fecha para el retorno) sería anticiparme, pero tengo la certeza y el optimismo bien fundado de que muy pronto estaremos continuando con las acciones de saneamiento sin violencia y con amplia participación”. Descartó el uso de la fuerza.

Los ganaderos y hacendados de Alto Parapetí —donde el Ejecutivo pretende crear una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para los indígenas— se oponen al saneamiento de tierras.