Referéndum tras referéndum
José Luis Orihuela Aquin*

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Con el referéndum tarijeño ya suman cuatro las regiones que apuestan por las autonomías departamentales. También se realizó la elección de subprefectos y consejeros en la ciudad de Yacuiba; hasta fines de junio, se cumplirá con la elección del Prefecto de Chuquisaca, mientras que en agosto será la consulta para el revocatorio de mandato del Presidente, Vicepresidente y prefectos.

Nunca antes las cortes electorales habían llevado adelante tal cantidad de procesos, que le cuestan al Estado millones de bolivianos, además cuestionados de ilegales, con juicios a vocales electorales e incluso con dudas sobre la imparcialidad del presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni.

En un ambiente donde nadie respeta las leyes, vivimos una anarquía general donde todos hacen lo que quieren y nadie pone freno. Ni el propio presidente Evo Morales puede trasladarse tranquilamente a las regiones; ahora, celebra actos oficiales en cuarteles militares, y es bien recibido sólo en el área rural. Lamentablemente, el Primer Mandatario ya no tiene presencia nacional y parece que el respaldo electoral del 53,7 por ciento que tenía, se está desvaneciendo.

Esta crisis política se origina desde el momento en el que Bolivia pierde un árbitro imparcial, como es el Tribunal Constitucional, descabezado por el Gobierno. Pero se dio el efecto boomerang, porque el MAS no previó que necesitaría acudir a esa instancia y, así como la oposición, denunció la violación cometida por la Asamblea Constituyente. Le tocó al Ejecutivo el turno de tachar de ilegales los referendos por los estatutos autonómicos. Así y todo, ya no existe la institución que dé la razón a una de las partes.

Gracias al viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, me enteré de que, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la elección de subprefectos y consejeros en Yacuiba había sido legal. Postura oficial que no resulta increíble porque cuando los resultados le favorece, el Gobierno defiende la legalidad de un hecho, pero cuando recibe una paliza como ocurrió en Santa Cruz, Beni y Pando se rasga las vestiduras como fariseos porque se ha violado la ley.

Mientras tanto, los ingenuos ciudadanos seguimos, fieles a la democracia, acudiendo a las urnas a depositar pacíficamente nuestro voto sin saber si es legal o ilegal ese sufragio, ignorando el gran costo económico que implica la sucesiva fila de ´fiestas democráticas´, consultas que por su casi cotidianidad pueden desgastar a la población, tanto como las millonarias campañas que se despliegan.

La única vía posible para lograr la unión de los bolivianos es construir un nuevo pacto social a través de un texto constitucional incluyente. Lo único que se necesita es voluntad de los políticos.

Mientras esto no ocurra, seguiremos de referéndum en referéndum sin resultados positivos para el país, cansando al pobre electorado que sigue apostando al voto como su aporte a la solución de la crisis política, económica y social.

*José Luis Orihuela Aquin
es abogado.