Mirando las imágenes de televisión de las protestas de mineros en Potosí no se puede dejar de recordar la ´Marcha por la Vida´ de 1986, su desenlace, el repliegue de los marchistas y la canción-himno que representaba la promesa de estos sufridos trabajadores de volver a la lucha por mejores días.
Los mineros y la minería han vuelto. Otra vez el péndulo de la historia gira hacia una mayor participación del Estado y de los mineros en la economía nacional. Otra vez se habla de Comibol, de la Federación de Trabajadores Mineros, de viejas minas estatales que parecen revivir con nuevos bríos. Pero también de cooperativistas y de sus instituciones que han cobijando a los relocalizados producto del cierre de las minas de Comibol.
¿Qué quieren los cooperativistas?... un trato especial impositivo. Cualquiera que fuese, será muy difícil que no se les otorgue; es más, ya tienen un trato especial al no pagar la alícuota adicional del Impuesto a las Utilidades (IUE) como dispone la Ley 3787, al no facturar y al no tener que cubrir cargas sociales. Realmente merecen un trato especial, por la enorme contribución que este subsector hace al generar un gran número de fuentes de trabajo y disimular, pese a la informalidad del trabajo cooperativo, los alarmantes niveles de desempleo del país y del sector minero.
Lo realmente grave de la situación es que parece que se ha legislado para el puñado de empresarios que todavía tienen el coraje de invertir en este país; las regulaciones son cuando menos confusas y de tinte rentista al extremo. Para ponerlo en facilito y generalizando: la minería formal de este país, de cada $us 100 de valor bruto del mineral, debe deducir $us 50 para cubrir costos, 5 a 7 dólares para pagar la Regalía Minera (RG); de los $us 45 (en el caso más favorable) remanentes, debe pagar $us 17 de IUE y alrededor de $us 4 para los impuestos indirectos. Con los $us 24 que quedan debe cubrir los costos de transporte hasta el puerto más cercano, manipuleo de cargas, pérdidas por peso y humedad y los fletes marítimos para el caso de exportaciones a ultramar. La pequeña utilidad que queda, después de toda esta aventura (entre 10 y 15 dólares, para el ejemplo), obviamente desalienta cualquier inversión y de seguro no se aplicará nunca a los pequeños operadores y cooperativas sin provocar reacción.
Por las características geológicas de nuestras minas y la desventajosa ubicación del país respecto de la costa marítima, la actividad minera nacional es de costos muy poco competitivos con relación a nuestros vecinos y muy poco atractiva para inversionistas por la baja rentabilidad de proyectos ubicados lejos de los mercados internacionales y con un reducido mercado local. Si a esto se adiciona el endurecimiento tributario actual, estamos reduciendo al mínimo la competitividad del país y la posibilidad de que algún empresario serio pueda venir a invertir. Si a esto adicionamos la reducida o nula capacidad del Estado para invertir en nuevas áreas mineralógicamente potenciales, cuando se acabe la herencia de los pocos proyectos que se han generado en la última década (San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, Kori Chaca y otros), sin capacidad de reinversión en exploración, habremos vuelto a la minería del siglo XIX, de los cateadores solitarios, de la minería artesanal y de la informalidad y oiremos más seguido aquello de: ´los mineros volveremos´.
Si no dejamos el ´rentismo´, si no formalizamos y tecnificamos al subsector cooperativo que es hoy parte del problema y no de la solución, si no dejamos un margen racional de reinversión para generar nuevas minas, si no dejamos a las regiones la administración de los emprendimientos mineros y de lo que ellos generen, y si no equilibramos el government take que era desastroso para el Estado y hoy es muy duro para el operador minero, el futuro previsible es muy incierto. La minería es un negocio de largo aliento y de mucho riesgo financiero; si no somos competitivos, habremos perdido el tren de la historia.
*Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo y ex ministro de Minería y Metalurgia.
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