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Autorizadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las nuevas regulaciones estatales, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de julio, podrían encarecer el costo de los servicios prestados y la organización de los viajes a Cuba, según reportó el periódico.

Las nuevas medidas de la oficina estadounidense establecen que las agencias ubicadas en Florida deberán depositar bonos por valor de entre 100.000 y 200.000 dólares como requisito previo para efectuar cualquier operación de envíos hacia la isla.

Asimismo, las agencias tendrán que “pagar un honorario de registro de 2.500 dólares e informar regularmente al Gobierno estatal sobre el volumen de su negocio, el número de pasajeros y las mercancías enviadas a Cuba”, según informó el rotativo.

Se trata de un proyecto que incrementa las regulaciones impuestas durante el 2004 por el presidente estadounidense, George W. Bush, con el objetivo de limitar las visitas y el envío de remesas familiares a la isla.

Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus palabras en inglés), capítulo de Miami, que se reserva el derecho de llevar el caso ante los tribunales, “básicamente esta ley viola la Constitución estadounidense al poner los intereses del Estado por encima de los del Gobierno federal”. Miami (Estados Unidos), EFE

Europa propinó un serio revés

La reciente decisión de la Unión Europea (UE) de levantar las sanciones contra Cuba, a iniciativa de España, constituyó un serio revés para la diplomacia estadounidense, que trató de impedirlo a través de sus aliados del Este de Europa, afirmaron analistas a la AFP.

“Se trata de un fracaso para la diplomacia estadounidense que hizo todo lo posible mediante presiones sobre países de Europa del Este, como República Checa y Polonia, para lograr un resultado inverso”, aseguró la analista Janette Habel, del Instituto francés de Altos Estudios de América Latina (IHEAL).

Hasta el Departamento de Estado se vio forzado a revisar su posición tras la aprobación por la UE del levantamiento de las sanciones, tomadas después de la detención de 75 disidentes el 2003, cuando José María Aznar gobernaba España, y suspendidas el 2005, tras un año de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Washington, AFP