El Gobierno se resiste a admitir los derechos de propiedad intelectual, aparentemente, por suponer que es una forma de exacción del capitalismo en el comercio internacional. Por esta razón (o pretexto) no quiso negociar un Tratado de Comercio Libre (TLC) con Estados Unidos y ahora está creando un conflicto en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) al cuestionar la asociación con la Unión Europea, pese al propósito de favorecer el comercio y la relación entre los dos bloques en diversas áreas.
Lo grave es que se está perjudicando el desarrollo productivo e industrial del país, lo que, a la postre, puede implicar un aislamiento o, peor aún, el marginamiento de Bolivia por parte de la comunidad internacional.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: por un lado, la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, diseños y modelos e indicaciones geográficas de origen; por el otro, el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte y los diseños arquitectónicos.
Al protegerse todos estos bienes, lo que se hace, en realidad, es estimular la innovación, la invención y la creación de los habitantes de una nación.
Además, sólo de esta manera se pueden cubrir sus costos, que en el caso de las investigaciones científicas y tecnológicas suelen ser muy altos, tanto por el montaje de laboratorios y el uso de una diversidad de productos, como por el esfuerzo humano que representa producir algo nuevo que esté destinado al consumo o al uso de la humanidad.
El concepto básico de los derechos de la propiedad intelectual no es de esta época, ni mucho menos, sino que data de hace largos siglos.