La irresponsabilidad de la oposición y la insensatez del Gobierno están llevando al país a una situación de inminente violencia colectiva con impensables consecuencias para el futuro de los bolivianos.
Los referendos por estatutos autonómicos han ratificado la paridad de fuerzas entre simpatizantes y contrarios del gobierno de Evo, expresión de lo que fue “el empate catastrófico” entre populismo y tendencia neoliberal, donde la clase media, luego de dar su aceptación y apoyo al inicio de un proceso de cambio, ha retrocedido ante el temor y la desilusión que le representan la continuidad y el incremento del racismo y la violencia en el país.
La convocatoria a un referéndum revocatorio, en un extraño accionar coincidente entre Podemos y el oficialismo, no tiene cómo aportar a la solución de este estado de confrontación entre las distintas visiones e intereses políticos y económicos representados por el MAS, de un lado, y por prefectos y dirigentes cívicos, del otro. Sólo contribuye a complicar más el escenario político, lo que muestra la falta de voluntad de ambos contrincantes para llegar a una solución pacífica. Queda claro que Podemos, oposición carente de estrategia, metió un autogol y dejó en posición difícil a prefectos y cívicos. Pero esto no es lo malo, sino que ante la posibilidad de que este bloque quede debilitado después del revocatorio, no deja otra opción a los caudillos regionales que la de tratar de esquivar el referéndum con una acción de desacato a la ley; esto a su vez pone al Gobierno en la disyuntiva de hacer cumplir esta disposición a cualquier costo o, caso contrario, quedar frente a los bolivianos y la comunidad internacional como un gobierno que no gobierna en la mayor parte del territorio nacional.
El ministro Juan Ramón Quintana, que en los últimos días reconoció en Canal 7 que el Gobierno no tiene control sobre determinadas regiones, ha anunciado ya la posición del Ejecutivo: ya no se habla de la posibilidad de diálogo y sólo hay lugar para el arrepentimiento de los prefectos —a los que ha acusado de golpistas— que deberían desconocer los referendos autonómicos y someterse a los dictámenes del gobierno del MAS. Por supuesto que esto es algo impensable y está fuera del marco de la realidad política y no responde a que Quintana sea un desubicado en política. Por el contrario, revela el posicionamiento y el carácter de este funcionario que justamente es débil en los terrenos del diálogo y la negociación. La estrategia que ha definido el hombre más fuerte del gabinete de Morales es la movilización de los sectores sociales: “… los movimientos sociales deben ajustar cuentas”, ha dicho, en referencia a los procesos regionales y al accionar de los prefectos. El levantamiento popular anunciado por el Presidente en días pasados, parece tomar forma de manera peligrosa. Por tanto, el temor nacional del enfrentamiento civil hoy está más cerca que nunca como resultado de la ambición y la soberbia de una clase política dispuesta a jugar con el futuro de millones de bolivianos.
*José Luis Bedregal V. es especialista en Gestión Pública.
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