¿Rentistas o propietarios?
Roberto Laserna*

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Los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos, pero sus beneficios no llegan por igual a todos. Esta es una de las muchas injusticias que hay en el país, y que explica parte de nuestra conflictiva inestabilidad, pero es también una de las pocas que tiene fácil solución. Esa solución consiste en eliminar la intermediación política en la distribución de las rentas que generan los recursos naturales y establecer un mecanismo sencillo y transparente que permita que las mismas lleguen a todos los ciudadanos.

Con su habitual prudencia, Juan Antonio Morales utilizó sus conocimientos y su experiencia de 12 años de manejo de la política monetaria en el país para estudiar la propuesta, y presentó un documento crítico sobre ´los impactos macroeconómicos´ de la distribución directa. Su conclusión es que la misma tendría muchos más efectos positivos que negativos.

Comentando estos temas, Armando Méndez propone una ´mejor opción´: no distribuir rentas sino títulos de propiedad. En su artículo Méndez acude a varias etiquetas para caracterizar nuestra propuesta y me temo que ellas, que son recursos ideológicos más que argumentos, han terminado por atarlo en medio de sus ´siete razones´.

Méndez olvida que la renta es una retribución a la propiedad, así como el salario lo es al trabajo, el interés al capital, la utilidad al empresario. Por tanto, en nuestra propuesta, el pago individual de renta implica ya el reconocimiento del derecho propietario del ciudadano y el título que acredita esa propiedad es, justamente, el mismo que acredita su condición de ciudadano. El problema actual es que el Estado se apropia de esa renta, y la utiliza mal. Se supera ese problema dándole a la gente lo que le pertenece, para que cada uno le dé el uso que mejor le aproveche.

Méndez quisiera títulos o acciones porque considera que la verdadera propiedad es la que puede transferirse. Equipara su idea a la que en algún momento se consideró con respecto a las empresas capitalizadas. Esta opción fue descartada a pesar de que era teóricamente factible: las empresas podían ser valorizadas con alguna certeza, y podía también acotarse el universo de ´accionistas´: se reconocía como dueños a los bolivianos que hasta 1994 aportaron a la conformación de esas empresas. La propuesta de Méndez aplicada no a empresas sino a riquezas naturales es mucho menos factible, porque es imposible conocer el valor de esas riquezas (una gran parte no ha sido ni explorada) y sería injusto acotar el universo: los bolivianos de mañana tienen tanto derecho como los bolivianos de hoy. En el límite, las acciones que propone distribuir podrían tener cualquier valor, y lo único importante de ellas sería que permitan acceder a las rentas generadas por esa riqueza. Y para eso basta el carnet de identidad o el registro biométrico. Por el camino más largo llegaríamos al mismo lugar.

En efecto, la posibilidad de transferir el derecho propietario es una característica determinante de la propiedad, y nuestra propuesta no lo impide. De hecho, la ley que regule la distribución podría permitir que los ciudadanos cedan sus derechos de cobranza a cambio de un adelanto de los mismos mediante procedimientos de titularización, créditos garantizados con las rentas u otras formas que el mercado financiero podría desarrollar.

En su artículo, Méndez comete otro error, que es el de tratar nuestra propuesta como si fuera una variación del Bonosol o del Juancito Pinto, a los que menosprecia basado en anécdotas más que en estudios. Hace un tiempo, Milenio publicó un libro sobre el Bonosol que reunía seis estudios distintos y con enfoques diferentes. El título del libro sintetiza la conclusión común: ´La inversión prudente´. Eso era el Bonosol en manos de la gente, sobre todo porque, a diferencia de la renta Dignidad, llegaba completo y en una fecha predecible.

Así, siendo buenas esas experiencias, nuestra propuesta aprende de ellas, pero no las imita. Puede tener un efecto distributivo, pero no tiene esa intención. Tampoco necesita del Estado para aplicarse. Y el monto a distribuirse no sería fijado políticamente sino que sería variable y automático, en función del desempeño de las empresas y del aprovechamiento que hagamos, como país, de nuestras riquezas.

De manera que, si Méndez está de acuerdo en que cuando se ´dan derechos a flujos futuros de ingresos (…) se incentiva la inversión´, debería estar de acuerdo con esta propuesta, concreta, sencilla y realizable, porque es eso justamente lo que plantea.

El séptimo barrote de Méndez no tiene ya nada que ver ni con nuestra propuesta ni con su opción, sino que plantea otra alternativa: la de eliminar impuestos y financiar el gasto público solamente con la renta petrolera. Esto es, más o menos, lo que sucede en todos los países petroleros y mineros y forma parte de la trampa del rentismo, porque disocia al Estado de la economía real de sus ciudadanos, lo hace impermeable e insensible a sus necesidades, impide el control y la rendición de cuentas y da lugar, finalmente, al surgimiento de populismos autoritarios que gastan el dinero público como si fueran dádivas.

El rentismo corporativo es un contagio del rentismo estatal y la única manera de superar ambos, puesto que hay rentas, es darles a las personas la responsabilidad de administrarlas. Al fin y al cabo… las rentas nos pertenecen a todos y todos tenemos el derecho de emplear nuestro capital semilla y ´sembrar el gas´ sin las ineficiencias e irresponsabilidades de la burocracia que nos sustituye, casi siempre abusivamente. Por algo en nuestro manifiesto recogíamos la afirmación de que ´Bolivia somos todos´.

*Roberto Laserna
es economista.