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El director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, anunció ayer que las autoridades del Poder Ejecutivo, YPFB e Impuestos estarán incluidas en el juicio, que argumentará que “están frustrando el desarrollo de un pueblo”.

Rubén Ardaya, delegado prefectural para la integración en Tarija, denunció que el Gobierno recortó dineros más allá de lo que se necesitan para pagar la renta Dignidad. “El Gobierno ha confiscado Bs 1.877 millones, cuando sólo necesita un monto de Bs 1.457 millones para pagar este beneficio”, sostuvo.

En consecuencia —agregó—, “con este recorte se confirma que el Gobierno quiere frenar el proceso autonómico en todo el país, y ante ello nosotros declaramos una lucha frontal para la recuperación de los recursos del IDH”.

Para Dabdoub, el Gobierno asumió una posición “demagógica y mentirosa al querer enfrentar a las regiones con las personas de la tercera edad”. La renta Dignidad es financiada con recursos del IDH y asciende a 2.400 bolivianos por persona, monto que es pagado a todos los mayores de 60 años.

El Conalde, del que forman parte Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, además de Cochabamba, demanda la devolución de los dineros que consideran confiscados. Redacción Santa Cruz

DECISIÓN

Norma • El gobierno de Evo Morales decidió financiar el beneficio social para los mayores de 60 años con los dineros del IDH que estaban destinados a las prefecturas del país.

Diálogo • Se impulsaron varios intentos de acercamiento sobre este tema, sin resultados concretos. Hoy, las prefecturas anuncian medidas de presión para recuperar el dinero.