El complot de la exclusión
Gustavo Luna*

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Lo que se denomina la crisis del sistema de representación o la fragilidad de los partidos políticos en su rol de mediación no es algo precisamente nuevo; en una sociedad tan partida por la exclusión y el desarrollo desigual, seguro que esta mediación, durante los últimos 25 años, estuvo tan salpicada de irregularidades que su decadencia no sólo se puede explicar por unos partidos políticos ensimismados en su enriquecimiento o en el despliegue de favores a ciertos sectores interesados en los buenos negocios.

Generar hegemonía en las condiciones materiales existentes del país no es un reto fácil, cuando uno percibe que medidas tan específicas como la prohibición de importación y venta de ropa usada o el incremento de un impuesto a la explotación minera movilizan a amplios sectores de la sociedad porque les causa severos efectos en su vida cotidiana, de reducción de sus ingresos o les quita fuentes de empleo, aunque sobre sus demandas se esparza una condena pública acerca de su legitimidad. Al fin y al cabo, a la gente no le importa tanto que la consideren ´legítima´, sino que le aseguren sus ingresos diarios, aunque con ello se confronten con sus propios hermanos.

Entonces, esta crisis estatal no sólo puede leerse en términos de legitimidad de su sistema de representación, sino en la actualización de su sempiterna desigualdad material que hace que un pequeño productor textilero se enfrente con su vecino comerciante de ropa usada o un campesino sea capaz de matar a un trabajador de interior mina de una empresa estatal, aun siendo ambos pobres y con el mismo color de piel.

Pero este origen estructural nuevamente pasa a un segundo plano para los que bregan por el poder político; su disputa se centra nuevamente en la legitimidad, en reconstituir nuevas bases del poder, ahora asentadas en el diseño de una institucionalidad regional para la administración del poder o en la terquedad de concentrar la hegemonía en el poder central.

En este contexto, las reformas planteadas —autonomías departamentales y el proyecto de Constitución Política del Estado— y las últimas acciones plebiscitarias buscan desesperadamente la reconstitución de alguna formalidad que permita reconducir la representación legítima.

Y se trata de una batalla espuria, aunque no ingenua, pues el que salga airoso podrá imponer las reglas que más favorezcan a un entorno inmediato de clientes, pero dejará las tareas del desarrollo relegadas y a gran parte de la población sin oportunidades de empleo y de generación de ingresos; y es este factor el que seguirá complotando contra la estabilidad y el sistema de representación.

*Gustavo Luna
es comunicador y trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).