El 10 de agosto, el país decidirá nuevamente mediante su voto el destino de las principales autoridades gubernamentales a través de un referéndum revocatorio de mandato, cuestionado desde sus inicios, tachado de ser ilegal e inconstitucional —a pesar de haber sido aprobado por una Ley de la República y, por tanto, de cumplimiento obligatorio—, con criticas al Presidente de la Corte Nacional Electoral y dudas respecto al Padrón Electoral. El Poder Ejecutivo definió que el proceso no se detiene por nada.
Aunque todo apunta a que no será la salida más deseable a la actual crisis de Estado, cualquier solución por la vía pacífica es preferible a la escalada de violencia que estamos viviendo, con sectores sociales confrontados, cargados de racismo y de odio, llegando a extremos de barbarie nunca antes vistos.
En todo caso, será una lucha por el poder y por imponer una ideología: la centralista del Movimiento al Socialismo (MAS) o la autonómica de las regiones que conforman la denominada Media Luna. El desenlace de estas justas electorales va a significar, para cualquiera de estos actores, una victoria o una derrota política y moral.
El Ejecutivo, consciente de la importancia que representa para su proyecto político alzarse con un triunfo el 10 de agosto, ha desplegando una millonaria campaña gracias al aparato de comunicación digitado desde el Palacio de Gobierno, donde su militancia ha comenzado a empapelar calles y avenidas con propaganda a favor del MAS, mientras que el presidente Morales reparte cheques y vehículos en diferentes municipios.
Por su parte, casi todos los prefectos —salvo Manfred Reyes Villa— han tomando la decisión de someterse al revocatorio, a pesar de que las reglas del juego son perjudiciales para ellos y ampliamente favorables para el Jefe de Estado y su vicepresidente. Además, con la difícil tarea de convencer al electorado de las áreas rurales que las autonomías son una alternativa de desarrollo para los bolivianos, sector que todavía mantiene un voto duro a favor del MAS.
Lo cierto es que para llevar adelante el revocatorio de mandato con tranquilidad y normalidad necesitamos árbitros imparciales; de lo contrario, es difícil que un partido se juegue limpio. Creo que aún estamos a tiempo para que el Congreso cubra las acefalías existentes en la Corte Nacional Electoral, en las cortes departamentales electorales y en el Tribunal Constitucional, de esta manera, le daríamos transparencia al acto electoral.
Las semanas que restan de aquí a la celebración del referéndum serán cruciales para el país. Ambos frentes pelearán sus posiciones en las urnas pero, como expresaron varios políticos, ´más valen votos que las balas´; por lo tanto, una salida democrática para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la continuidad en sus cargos del Presidente, el Vicepresidente y los prefectos.
*José Luis Orihuela A. es abogado.
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