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La acusación también alcanza al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, y a la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián.

Barrientos explicó que los delitos de los que se acusa al Jefe de Estado y sus dos colaboradores son por dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias, conducta económica e incumplimiento de deberes establecidos en los artículos 153, 146, 224 y 154 del Código Penal.

Irregularidades en esos dos tramos carreteros que son ejecutados por la empresa Queiroz Galvao —que, según Barrientos, incumplió el contrato de construcción— llevaron al Gobierno a rescindir contrato en septiembre del 2007.

El DS 29275 de 13 de septiembre del 2007 reconoce que la empresa Queiroz Galvao incurrió en graves irregularidades e incumplimiento de contrato, por lo que la ABC determinó asumir acciones tendientes a precautelar los intereses del Estado, procediendo a la resolución del contrato suscrito con esa empresa. Empero, esa determinación quedó sin efecto con el Decreto 29515 del 12 de abril del 2008. ANF