• LAS EVIDENCIAS DEL CASO • En una maleta decomisada a los presuntos autores del atentado a Unitel, en la población de Yacuiba, se observan detonadores de explosivos y otros elementos.

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Tras una audiencia que comenzó a las 8.30 en los juzgados de Yacuiba, Zelaya determinó negar el pedido de la denominada cesación de la detención de Nava y de 10 estudiantes universitarios, principales sospechosos de causar una explosión en aquel medio de comunicación.

Por la mañana, el juez negó la solicitud de un tratamiento especial para uno de los implicados por ser menor de edad. Su abogado, Juan Carlos Martorel, pidió que éste sea trasladado a la provincia Ñuflo de Chávez (Santa Cruz) con el fin de que pueda terminar sus estudios.

Sin embargo, ante el fallo de Zelaya , Martorel aseveró que apelará, según informó a este medio Shirley Gutiérrez, periodista del canal 5 Telenoticias.

De acuerdo a Gutiérrez, el juez asumió esa determinación porque aseguró que los documentos presentados por los abogados defensores no fueron suficientes y hubo algunos que fueron obtenidos de manera ilícita.

Asimismo, Zelaya aseveró que no se presentaron suficientes pruebas para convencer sobre la inocencia de Nava y los otros.

A primeras horas de la mañana, los familiares de los estudiantes implicados y medios de comunicación yacuibeños se dieron cita en las afueras del recinto judicial, informó el periodista Juan Carlos Castillo, de radio Frontera de Yacuiba.

Horas antes, el juez cautelar Pablo Zelaya falló a favor del Ministerio Público tras un recurso de hábeas corpus que presentaron los abogados de Nava para solicitar su libertad.

Durante la audiencia de cesación no se observó la presencia del subteniente Nava, quien desde el momento de su detención se acogió al derecho al silencio.

La audiencia se caracterizó por las constantes intervenciones del representante del Ministerio Público, Diego Choque, y de los abogados de la defensa, quienes durante todo el día argumentaron su postura ante el caso en específico.

El miércoles, los abogados de Nava presentaron, por otra parte, un recurso incidental, a través del cual se argumentó falta de competencia en el proceso. Señalaron que como miembro de las Fuerzas Armadas, Nava debe ser investigado por la vía militar.

La madrugada del 22 de junio, una explosión al canal 4 yacuibeño causó conmoción en la población. Minutos después, el subteniente Nava fue aprehendido por la Policía en posesión de municiones, armamento, celulares y dinero. Actualmente, Nava es el principal sospechoso del atentado y permanece preso.

Fiscalía General convocará a jefes militares

El fiscal asignado al caso, Diego Choque, informó que será a través de la Fiscalía General que se convoque a los comandantes tanto de las Fuerzas Armadas como del Ejército para que rindan su informe sobre el atentado al canal 4 de Yacuiba.

“La Fiscalía General tiene que convocar al Alto Mando Militar´, señaló Choque.

“Mientras no se politice el caso, está muy bien´, afirmó.

Asimismo, informó que a través de la Fiscalía de Distrito de Tarija emitirá un informe sobre el caso a la Cámara de Diputados. No descartó la posibilidad de que esa instancia congresal se convierta en cabeza del Ministerio Público en la investigación.

El martes, la Fiscalía General, a través de una carta al presidente del Senado, Óscar Ortiz, invalidó la indagación que realiza la Cámara Alta sobre el atentado en Yacuiba porque, según el fiscal general Mario Uribe, el caso ya se encuentra en la jurisdicción ordinaria con la labor de Choque.

El fiscal señaló que la decisión le parece correcta porque no se politizará la pesquisa. Sin embargo, la comisión del Senado que investiga manifestó que continuará con el trabajo.

El martes, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, indicó que ante cualquier requerimiento del Ministerio Público, su cartera otorgaría el permiso de los jefes militares para que declaren.