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El proyecto establece una jubilación a los 55 años de edad con 20 años de aportes. “En el país pocas personas pueden acceder a tener 20 años de trabajo, excepto los trabajadores en salud y educación, además de la Policía, que representan sólo el 40% del universo de trabajadores aportantes”, señaló la fuente.

Esta situación crearía una nueva “generación sándwich” de 21 mil personas, sólo en el primer año, y de 97 mil en 20 años, sostuvo la fuente, y señaló que la propuesta de la COB establece pagar al otro 60% de trabajadores, que no podrá acceder a una jubilación, un pago único global de dos salarios por año trabajado y nada más, el mismo que puede ser perdido si la persona deja de trabajar el último año, cuando cumpla la edad de jubilación.

La fuente indicó que este error fue corregido por la misma COB, que luego propuso una renta anticipada para las personas que tienen 19 años de aportes, de sólo el 50% de su salario, y para quienes tienen 15 años de aporte, el 42% de su salario.

El proyecto, además, no contempla la renta Dignidad y establece una pensión mínima vital sólo para las personas mayores de 65 años que no tengan una renta de jubilación, explicó.

“Y sugiere que los recursos para este pago salgan de las empresas capitalizadas y del Tesoro General de la Nación (TGN), sin tomar en cuenta el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, lamentó. Sobrestima el valor de las contribuciones y sobrevalúa los ingresos, entre otros, añadió.

La COB niega la acusación

Frente a la afirmación del Gobierno, en sentido de que el proyecto de Ley de Pensiones elaborado por la Central Obrera Boliviana (COB) sólo beneficia a los sectores de salud, educación y Policía, el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Pedro Montes, señaló que “es una total mentira”.

“El Gobierno está con argumentos que no vienen al caso para rechazar nuestro documento”, manifestó.
El dirigente de la COB dijo que no se está viendo el fondo de la propuesta de pensiones, ya que el proyecto “habla de los compañeros asalariados y también de los no aportantes”.

Nuestro proyecto está estudiado durante dos años y no como el del Gobierno, “estudiado sólo horas y redactado en sólo cinco páginas”, dijo.

“No tienen moral para criticar nuestro documento o de confundir a los trabajadores”, añadió, e indicó que las autoridades del Gobierno no leyeron el proyecto y que lo descalifican sólo por algunas informaciones.