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Entre las medidas del “paquete de seguridad” destaca la de considerar la inmigración ilegal como un agravante, lo que supondrá aumentar en un tercio la pena de las personas sin papeles que cometan un delito en Italia.

Además, será más fácil expulsar a los inmigrantes condenados, que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no 10 como sucede en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.

La nueva ley establece también la confiscación del apartamento para quien lo alquile a inmigrantes sin papeles, así como una pena de cárcel entre seis meses y tres años.

El Gobierno ha incluido también en este conjunto de medidas contra los ilegales el empleo del Ejército en la seguridad ciudadana, con la movilización de tres mil soldados que patrullarán las calles, por un periodo de seis meses y prorrogables sólo otro medio año. Roma, EFE