Futuro “dantesco”
Gonzalo Chávez A.*

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Con el cambio de la Ley de Pensiones están en juego 3.300 millones de dólares, más del 25% del PIB, el total de la riqueza generada por los bolivianos en un año. Dicho de otra manera, buena parte de la riqueza de las clases trabajadores de Bolivia. Cabe recordar que cada centavo de este dinero ha sido ahorrado en base de sangre, sudor y lágrimas por más de 500.000 personas en el Fondo de Capitalización Individual (FCI) que, en la actualidad, es administrada por las AFP.

Este ahorro colectivo es un patrimonio de los bolivianos(as) que se debe preservar. Dicho esto, también se debe reconocer que a 10 años de la reforma de pensiones, se necesitan ajustes importantes en el sistema de jubilación nacional.

En primer lugar, no obstante que mucha más gente tiene ahora derecho a un seguro de largo plazo, todavía buena parte de la población boliviana, especialmente los más pobres, no cuentan con un seguro de vejez. Por lo tanto, la ampliación de la cobertura de la renta para las personas de la tercera edad es un desafío central de la política pública.

Trabajadores independientes y del sector rural, artesanos, gremialistas, empleadas domésticas, tienen todo el derecho a una ancianidad digna. No hay duda de que el Bonosol, ahora convertido y mejorado en Renta Dignidad, es un paso muy importante para tener un sistema universal de jubilación. Si reconocemos que se debe ampliar la cobertura, las siguientes preguntas son: ¿cómo se financia ésta? y ¿de qué manera el sistema debería recuperar el concepto de solidaridad, pero sin poner en riesgo las cuentas individuales?

En un momento de bonanza fiscal como el que vive Bolivia, existe un amplio margen para el uso creativo de los recursos excedentes que hay en el país. Una idea, por ejemplo, sería crear un fondo solidario con tres mil millones de dólares de las reservas internacionales, que, aplicadas de manera cuidadosa en el mercado financiero internacional al 4%, daría unos 120 millones de dólares por año para cubrir este fondo solidario. Los trabajadores independientes que están tanto en el sector formal como informal, también deberían contribuir para parte de su jubilación. Otra idea es que aquellos jubilados que reciben rentas por encima de 6.000 bolivianos al mes del FCI, no reciban la Renta Dignidad, y con estos recursos se apoye a los jubilados del fondo solidario. El Gobierno propone colocar impuestos a los salarios altos; éste también es un camino, aunque algo más polémico. Tanto el tema de la cobertura como del financiamiento y otros ajustes técnico-administrativos, que se deben hacer al sistema, no deberían ser conflictivos si hay voluntad política.

El tema más difícil del cambio de la Ley de Pensiones es quién administrará estos recursos. La COB y el Gobierno coinciden en crear una entidad pública que administre el ahorro de los bolivianos, es decir, el FCI. La COB quiere fusionar todos los recursos y volver al sistema de reparto antiguo. Los trabajadores activos financian a los jubilados. La propuesta del Gobierno es administrar las cuentas individuales. Dados los antecedentes de la pésima gestión de jubilación y la tremenda crisis institucional por la que atraviesa el país, ésta es una muy mala y peligrosa idea. Se trata de una forma de confiscación inaceptable para todos los bolivianos, que confiaron en el sistema de capitalización individual. ¿Qué garantías tenemos los actuales contribuyentes de que estos recursos serán bien administrados? Voces oficiales han sugerido que los administradores de esta entidad pública serán nombrados por el Congreso. Esta película es vieja y ya la vimos muchas veces. En los últimos años, el Congreso Nacional no ha podido nombrar a autoridades del Banco Central de Bolivia, Aduana, Caminos, Impuestos, seis superintendencias, ni cubrir una decena de puestos en el Poder Judicial. Suena a majadería que ahora se nos proponga poner a cuidar más de 3.000 millones de dólares a alguien que no se puede ni se quiere nombrar. El resultado es que se nominará de forma interina a un compañero del partido político de turno. Por otra parte, habrá que preguntarse qué mecanismos de control institucional y jurídico se utilizarán para evitar la vuelta del infierno de Dante… Escóbar. Otro argumento gubernamental es que las AFP estarían dando rendimientos bajos a los aportantes, 7 y 8 por ciento al año. La entidad pública podría ser más eficiente y ofrecer mejores resultados. ¡Sic! Esto no pasa de un buen deseo de quien no conoce la historia de la jubilación en Bolivia. El rendimiento que el Estado ofreció a nuestros abuelas(os) en el pasado inmediato fue cero.

Lo más sensato en el tema de la administración sería tener un sistema mixto, que, con algunos ajuste importantes en su desempeño, mantenga las AFP y cree la entidad pública. Estas instituciones deberían competir en calidad, servicios, mejores rendimientos, para atraer nuestras contribuciones. Los ciudadanos(as) elegirían, cada cierto período de tiempo, dónde colocar el ahorro de toda nuestra vida. Seguramente, algunos optarán por el sector público y otros por el privado. Modelos parecidos han sido implementados en Chile y Argentina.

En el sistema bancario nacional existen 4.000 millones de dólares que son administrados por 11 bancos, siendo uno de ellos estatal, y son las personas quienes deciden dónde poner su platita. Sería un tremendo retroceso entregarle 3.300 millones de dólares a un monopolio público y rezar que los gobiernos de turno pongan a gerentar esta plata a gente competente y honesta. Estos recursos, al igual que el ahorro de los bancos, deberían beneficiarse de una sana competencia entre las AFP privadas y la entidad pública. La supervisión debería continuar a cargo de una Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, con más instrumentos regulatorios e independencia.

La Ley de Pensiones requiere de ajustes importantes, pero dado que estamos hablando del ahorro de toda una vida de más de 500 mil personas, se debe incluir en el debate y decisión sobre esta riqueza a estos ciudadanos. En el primer caso, promoviendo discusiones amplias sobre la reforma en todos los niveles posibles y, en el segundo, permitiendo que cada persona decida dónde quiere ahorrar para tener una vejez digna. Hay que evitar un futuro “dantesco” para los jóvenes de hoy.

*Gonzalo Chávez A.
es economista.