• JUICIO DE RESPONSABILIDADES • Los tribunos Wálter Raña (izq.), Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas y Artemio Arias ofrecen una rueda de prensa en el Senado. La foto es del 29 de mayo del 2007.

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La gravedad del hecho se puede traducir en la desorganización de las normas, el desvío de los valores y principios de la Constitución Política del Estado, la falta de control en el ejercicio del poder, la invasión de competencias y la pérdida de la salvaguarda de los derechos y garantías de los ciudadanos bolivianos, resume el ex presidente del Tribunal Constitucional, Willman Durán.

La ausencia de un Tribunal Constitucional afecta la base del “Estado de derecho”, añade el ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón. Esto llevará, dice, al retorno al “Estado de naturaleza”, donde no hay más la convivencia ordenada bajo el imperio de la ley sino de la fuerza.

El Tribunal Constitucional fue creado el año 1994 e institucionalizado mediante Ley 1836 del 1 de abril de 1998. Los primeros magistrados fueron elegidos por dos tercios de votos del Congreso Nacional el 24 de julio del mismo año y tomaron posesión de sus cargos dos semanas después, en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre.

Los miembros de la institución, en diferentes gestiones soportaron presiones de distintos sectores de poder, pese a las cuales habrían cumplido sus funciones, señalan los ex magistrados del organismo judicial.

De acuerdo con la experiencia y vivencia de algunos de los ex tribunos que por seguridad prefieren mantener el anonimato, en los últimos años sufrieron persecuciones, vigilancia, amedrentamiento y amenazas, incluso en contra de sus familias, lo que les habría obligado a renunciar a sus cargos.

Pese a todo, la entidad logró resolver positivamente varios casos, asegura Durán. Entre otros figura el juicio a los militares el año 2004, en el que se interpretó que la jurisdicción militar no abarca procesos penales de naturaleza ordinaria. Otra solución se dio al caso de los escaños, cuando el departamento de Santa Cruz, en período de elecciones, el año 2005, reclamó más diputados porque el censo verificó la existencia de mayor población en su territorio. Este último caso provocó conflictos en la democracia del país y el Congreso acudió al Tribunal, el que estableció que, debido a que los resultados del censo todavía no eran los definitivos, no se podía aumentar el número de parlamentarios, recuerda Durán.

Otros casos fueron la sucesión presidencial directa en el Gobierno de Hugo Banzer para que asuma Jorge Quiroga, la restitución del diputado Evo Morales al Congreso y el pago de sus haberes devengados luego que fue expulsado el 2002, añade el jurista.

En los asuntos de beneficio a los ciudadanos comunes, se prohibió que los dueños de casa corten los servicios básicos a sus inquilinos, aunque exista retraso en el pago del alquiler, preservando así un derecho básico a la dignidad y a la vida. Se evitó, asimismo, que los nosocomios detengan a los pacientes que no tienen el suficiente dinero para pagar la atención.

Muchos de los consultados coinciden en que la mayor crisis del Tribunal comenzó en enero del año 2007, cuando el presidente Evo Morales atacó duramente a este poder y denostó a magistrados y jueces, acusándolos de corruptos y de ser parte de las cuotas de poder de los partidos tradicionales.

Ese mismo mes, grupos de campesinos, de los denominados Ponchos Rojos, atacaron las instalaciones de la institución en Sucre. Procedieron a pintarrajear la fachada y a exigir la renuncia de sus magistrados al acusarlos de corruptos. En marzo del 2007, en el proyecto de la nueva Constitución del Gobierno, se planteó la desaparición del Tribunal Constitucional y se propuso que el control y ejercicio jurisdiccional sea ejercido por las organizaciones sociales.

En abril del pasado año, el Tribunal fue víctima de grupos de mineros que exaltados buscaron amedrentar a los magistrados lanzando cachorros de dinamita que destrozaron la fachada del edificio de la entidad e hiriendo a personal de seguridad.

En octubre del 2007 comenzaron las renuncias de los magistrados; la única que queda en el cargo es Silvia Salame. Autoridades del actual Gobierno y miembros del MAS la calificaron de “cantinflesca y loca” la semana pasada, luego de que la autoridad emitió el decreto que cuestiona la continuidad del Referéndum Revocatorio, en respuesta al recurso planteado por Arturo Murillo, diputado de Unidad Nacional (UN).

Glosario

Magistrado • Superior en el orden civil y, más comúnmente, Ministro de Justicia.

Decreto • Para el caso del derecho, la decisión de un juez sobre las peticiones de las partes.

Los hechos más relevantes del 2007

Acusaciones • Durante el año 2007, los miembros del Tribunal Constitucional fueron acusados de corruptos y de ser cuota de los partidos políticos por el Gobierno de Evo Morales.

Miedo • El mismo año, las instalaciones del Tribunal fueron rodeadas y pintarrajeadas por los Ponchos Rojos y posteriormente fueron dinamitadas por un grupo de mineros.

Juicio • En mayo del 2007, el presidente Evo Morales inició juicio a cuatro magistrados por no haber permitido que se elija por decreto a los ministros de la Corte Suprema.

Detenidos • Antes de que termine el juicio de responsabilidades, mandamientos de detención fueron emitidos y se mantuvo cinco horas y bajo llave a los magistrados en el Congreso.

Renuncia • En octubre y diciembre del año 2007, cuatro de los cinco magistrados renunciaron, dejando al órgano de control de la constitucionalidad colapsado y descabezado.

Puntos de vista

Sin un Tribunal, las normas están fuera de la Constitución Política
WILLMAN DURÁN, ex presidente del Tribunal Constitucional.

“Sin un Tribunal, las normas están fuera de la Constitución y el concierto jurídico se desquicia. La Constitución Política del Estado es la fuerza suprema, el chaleco de fuerza del orden jurídico, para que las leyes no digan otra cosa y causen una contradicción interna con la que se rompería hasta el principio de igualdad en la aplicación de las normas.

Otra consecuencia es que se altera la sujeción de los poderes públicos al orden constitucional. Estamos en un sistema de gobierno de las leyes y no de los hombres, lo contrario es peligroso y la seguridad jurídica desaparece porque cada uno puede hacer lo que quiere. La seguridad jurídica es la que resguarda bajo un paraguas para que todos estén seguros y que el poder público no pueda legislar en contra”.

El riesgo es que se imponga la ley del más fuerte o la vida incivilizada
CARLOS ALARCÓN, ex viceministro de Justicia.

“El Tribunal Constitucional es el que garantiza el cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, es el cimiento de Derecho. Por lo tanto, el no tener un Tribunal en funcionamiento, o tenerlo con jueces que no son verdaderamente independientes, es alejarse del Estado de Derecho. El peligro es contra la convivencia ordenada bajo el imperio de la ley para dar lugar a la ley del más fuerte y no la de la razón y el derecho; es el retorno al Estado de Naturaleza. El grupo social o la persona que tiene más fuerza o más posibilidad de presión termina imponiendo sus razones al otro grupo de la sociedad y, por lo tanto, se generan escenarios de violencia, enfrentamiento y retorna la vida incivilizada. Ésa es la consecuencia”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Fines • El Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial, ejerce el control de constitucionalidad, garantiza la primacía de la CPE, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas.

Circunscripción • Es un órgano independiente, sometido sólo a la Constitución y su ley. Es único en su orden y su jurisdicción, se extiende a todo el territorio de la República; es el máximo intérprete de la Constitución.

Competencia • El Tribunal Constitucional ejerce su competencia y atribuciones en tres ámbitos: control de las normas, control de ejercicios del poder político y control del ejercicio de los derechos humanos.

Atribuciones • Entre otros, propicia el equilibrio en el ejercicio del poder político, corta cualquier exceso o usurpación de funciones, verifica la constitucionalidad de las leyes, decretos o resoluciones, con control previo.