• CONTRA LA CONSULTA • Un grupo de activistas reclama la suspensión del revocatorio en puertas de la CNE; fue ayer.

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Ambas acciones se produjeron a 13 días del referéndum de revocatoria de mandato, en el que el oficialismo apuesta por la revocatoria de los prefectos de la oposición, entre ellos Paredes.

Del Granado convocó a una conferencia de prensa para anunciar que ´nuestras razones (para pedir su revocatoria) se han agravado con motivo de las noticias últimas sobre este presunto enriquecimiento ilícito del señor Paredes”, cuya familia habría realizado “movimientos sospechosos de cuentas” por más de $us 1,7 millones mediante una Fundación con sede en Panamá.

Respaldó su posición con la denuncia que antes realizó la brigada paceña, liderada por el diputado del MAS Jorge Silva, según la cual Paredes encabezaría una maquinaria familiar para desviar recursos públicos.

De acuerdo a la denuncia, los movimientos irregulares fueron detectados en junio del 2007 por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) cuando uno de los hijos de Paredes realizó un depósito de $us 244.280, cuyo origen ignoraba. Luego transfirió el monto a la Fundación Unión Solidaridad, que según Silva fue conformada hace dos años en Panamá, donde Elsa Paredes Ayllón, hermana del Prefecto, se desempeña como vicecónsul.

Dijo que la referida Fundación, cuyo patrimonio alcanza a $us 1.735.550, no realizó ninguna obra social y que “es utilizada para depositar fondos y luego ser transferidos a una cuenta del Banco Vizcaya Argentaria en España”. La representante legal de la Fundación es Luz Bolivia Sánchez Vaca, esposa del prefecto.

Los otros siete miembros de la Fundación son familiares de Paredes, entre ellos una hija que fue incorporada al cumplir la mayoría de edad, y otro que, sin tener actividad económica, tiene una cuenta con $us 132.000.

Del Granado mostró una publicación de La Razón, del 23 de junio, en la que Paredes afirmó a este medio que los recursos en cuestión son parte de su patrimonio. Luego mostró la declaración jurada de bienes que hizo Paredes ante la Contraloría General, en la que asegura tener un patrimonio de tres millones de bolivianos ($us 500.000).

“¿Por qué no declaró este su dinero?, ¿por qué le mintió a la Contraloría?, ¿por qué estaría cometiendo el delito de falsedad ideológica y el delito de falsedad material?”, preguntó Del Granado, antes de ratificar su pedido a los paceños para que revoquen el mandato de Paredes por su falta de transparencia.

Paredes rechazó una vez más estas denuncias y aseguró que “forman parte de una guerra sucia” iniciada en su contra por personas interesadas en su cargo.

El secretario general de la Prefectura, Alejandro Zapata, afirmó que lo que Del Granado está buscando es ser prefecto y le advirtió que “los paceños no permitiremos que un cochala se haga cargo de la Prefectura”.

Entretanto, el concejal de El Alto Roberto de la Cruz dijo que no se ofrecía, pero tampoco descartaba la posibilidad de ser candidato, aunque negó una alianza con el MAS y el MSM.

Piden suspender la consulta

Con megáfonos y tambores en mano, un grupo de personas demandó ayer en las puertas de la Corte Nacional Electoral (CNE) la suspensión del referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto, por considerar que no hay garantías para un proceso transparente.

En la movilización participaron integrantes de los grupos Basta Ya, Acción Joven y Bolivianos para la Paz, entre otros.
“No más fraude, no más injerencia de (Hugo) Chávez, no más división del país, este referéndum debería suspenderse”, demandó Guillermo Paz, dirigente del colectivo Basta Ya.

Mauricio Ruiz, miembro de Acción Joven-La Paz, señaló que, “como clase media, llegó el momento de reaccionar, se debe evitar el fraude y pedir que realmente entren los árbitros, que es el Tribunal Constitucional”.

A la protesta de ayer le antecedió una con similar objetivo que se realizó el último domingo en la ciudad de Cochabamba, donde decenas de personas, entre jóvenes y adultos, se movilizaron en contra de la consulta revocatoria de mandato.