Las bravuconadas nunca tienen un buen final porque expresan un comportamiento fundado en las apariencias, que más temprano que tarde muestran su verdadera faz.
Este es el caso de las mal llamadas ´nacionalizaciones´, que fueron impulsadas por el gobierno de Evo Morales y dichas al mundo y al país con bombos platillos y sonajas, pero… fue más el ruido que las nueces.
La acción gubernamental se concretó en general con la alharaca de utilizar abusiva y bochornosamente a las FFAA, que fueron desplegadas con gran rimbombancia en las puertas de los edificios de las empresas ´nacionalizadas´ sin necesidad alguna y en el intento de hacer sentir el peso del Estado no a esas empresas, sino de llegar al ánimo de la opinión pública, en una burda imitación a las acciones ejecutadas durante la nacionalización encabezada por el ministro de entonces Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sí lo hizo en serio y con toda la responsabilidad personal e histórica.
Ninguno de los excesos gubernamentales ha tenido siquiera una mediana duración, pues, producida la renegociación de los contratos con las transnacionales de acuerdo con lo establecido en la ley previa o producida la confiscación, han buscado presurosos y, con gran indignidad, la negociación.
Como se les venía una suerte de conflictos de orden legal con las empresas afectadas debido a sus desaciertos, el Gobierno, sin pudor alguno, designa al hasta entonces viceministro Arce como Ministro sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, seguramente en reconocimiento a los servicios prestados sobre todo en la planificación, articulación y ejecución de los hechos de La Calancha, en la ciudad de Sucre, y en un claro reconocimiento de que las cosas se las hicieron más para lograr efectos mediáticos y políticos que beneficios económicos para Bolivia.
Las empresas afectadas, sabedoras de la torpeza gubernamental y previa frotada de manos, recurrieron al arbitraje internacional y ni las farsanteadas del presidente Morales y de todos sus ministros pudo impedir el inicio del mismo, al punto que ahora, casi de rodillas, el ministro Arce pide que se declare una pausa con el fin de negociar con las compañías Ashmore Energy Internacional (AEI) y Euro Telecom International (ETI), propietarias de las nacionalizadas Transredes y Entel.
El costo político a nivel internacional que tendremos que soportar los bolivianos será de largo aliento, con una credibilidad como nación cada vez más vapuleada. De igual modo, las pérdidas económicas para el país, por el rosario de aventuras gubernamentales, resultarán millonarias.
Encima de todo lo anotado, y tal vez esto sea lo más grave: el presidente Morales está logrando un creciente desprestigio de medidas que deberían ser un instrumento de lucha eficaz de los pueblos, como son las nacionalizaciones y las estatizaciones que, bien hechas, podrían lograr mejores días para todos los bolivianos, pero que hoy por hoy son nada más que un mecanismo utilitario a los fines distraccionistas de Evo Morales y de su excitado entorno.
*Germán Gutiérrez G. es abogado constitucionalista.
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