Discapacitados dejan al oriente sin combustible Hace dos días impiden la salida de carburantes de la refinería ubicada en Palmasola. YPFB admite desabastecimiento y aplica medidas alternativas. El Gobierno podría desbloquear.
Las personas con capacidad diferente bloquean en Challapata (foto) durante el día y desde hace dos días cortan todo acceso a la refinería de Santa Cruz, lo que provoca desabastecimiento de carburantes en el oriente.
Desabastecimiento de combustible e incertidumbre generaron los discapacitados en Santa Cruz, quienes —por segundo día consecutivo— ayer mantuvieron cerrado el paso a la Refinería Guillermo Elder Bell. El Gobierno anunció que no descarta el uso de la fuerza para garantizar el suministro de los energéticos.
Luego de que un grupo de discapacitados se instaló en todas la salidas de la refinería el lunes, ayer en las estaciones de servicio de la capital cruceña se formaron largas filas de vehículos cuyos propietarios buscaban adquirir gasolina y/o diesel ante la amenaza de que la protesta los deje sin combustibles.
De hecho, en algunas gasolineras, los energéticos se agotaron hasta el mediodía, es decir que la venta se igualó a la de dos días. La previsión es que el problema también afecta a Beni y Pando, regiones hasta donde son transportados los energéticos.
Gary Medrano, responsable de la Distrital Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz, confirmó anoche la escasez de los carburantes. “Lastimosamente sí, ya hay desabastecimiento porque no está llegando el producto en la cantidad ni el tiempo que requiere el sector productivo”, declaró a La Razón.
Agregó que ejecutan alternativas para paliar el problema.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada —quien se trasladó la mañana de ayer a Santa Cruz junto al titular de YPFB, Santos Ramírez—, no descartó el uso de “la fuerza legal” para habilitar el paso de las cisternas.
“La fuerza legal significa que si las autoridades de YPFB lo solicitan, la Policía tendrá que actuar; no es lo deseable, pero si este sector persiste en una medida que afecta al resto de los cruceños, lo haremos. Tal vez estos señores discapacitados están recibiendo un bono de conflictividad, y habrá que ver quién lo paga”, indicó Rada. Por la tarde, en La Paz, acusó al Comité Pro Santa Cruz de ser el responsable.
Medrano dijo que a él no le corresponde pedir el desbloqueo y que su trabajo es técnico. “Estamos buscando medidas alternativas para abastecer a la ciudad de Santa Cruz. Tenemos otras vías en las que no dependemos de esta refinería, estamos trayendo el producto de otras partes de Bolivia, utilizando los ductos, despachando a los surtidores. Estamos jugando con todas las variables que debemos tener, suponiendo que la refinería siga bloqueada”.
Añadió que la medida perjudica a la producción del agro, a la población, al transporte urbano, porque “recordemos que el diesel es sinónimo de trabajo”.
Carlos Cortez, representante de los discapacitados en esa región, manifestó anoche que no se irán del lugar hasta que el Gobierno les dé un bono de Bs 3 mil.
En tanto que los afiliados al sector en Oruro instalaron ayer dos puntos de bloqueo durante el día, a la altura de Machacamarquita y Challapata, en la vía que lleva a Potosí y al sur del país.
Al caer la noche, debido al frío y la lluvia, las medidas fueron suspendidas con el anuncio de retomarlas hoy, según corroboró este medio en una cobertura en la localidad de Challapata.
A las 19.00, en contacto con La Razón, el subcomandante de la Policía de Oruro, coronel Oswaldo Peláez, confirmó el dato.
Tanto afiliados de Oruro como de Potosí, según un reporte de radio Fides, anunciaron que se trasladarán a La Paz para presionar en la sede gobierno.
EL CONFLICTO
Demanda • Los discapacitados exigen, hace más de un año, que el Gobierno les entregue un bono anual “de equidad” por un monto de Bs 3 mil. Para ello esperan la creación de un fondo solidario con dinero que se usaba en las campañas políticas.
El proyecto • El proyecto de ley inicial establecía eliminar la subvención a los partidos políticos; el Senado incluyó que los recursos de propaganda institucional del Gobierno, prefecturas y municipios se incluya.