Las pensiones en el carrusel
Juan Antonio Morales*

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Si el sistema es estatal, se tiene los fundados temores de que quede en manos de gente con poca experiencia en el manejo de activos.
Para cumplir sus compromisos con los sindicalistas, el Gobierno nacional acaba de proponer una contrarreforma a la reforma de pensiones del año 1996 que pone en riesgo a los ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ha abierto, además, una caja de sorpresas y se está haciendo morder por el flanco izquierdo con una belicosa Central Obrera Boliviana (COB), que quiere ir mucho más allá de lo que la prudencia fiscal aconseja.

Se ha de subrayar que los aportes a las AFP son un ahorro de los trabajadores y constituyen un patrimonio privado. Provienen de una de las motivaciones más importantes para ahorrar, que es la de prever que se necesitarán recursos para los años en que ya no se pueda trabajar por la edad. Como en la viña del Señor no todos son previsores, ya desde principios del siglo pasado se crearon sistemas de ahorro obligatorio para fines pensionales.

Los dos sistemas extremos son: el de reparto simple, en el que los jóvenes pagan las pensiones de los viejos con el contrato social implícito de que se hará lo mismo con ellos cuando les llegue la edad; y el de capitalización individual, en el que los contribuyentes se jubilan con lo que han aportado en su cuenta individual y los rendimientos que le han dado a esos aportes los administradores de Fondos de Pensiones. Existe una infinidad de sistemas intermedios entre estos dos.

En el sistema de reparto simple hay un elemento de solidaridad; en cambio, en el de capitalización individual la pensión es básicamente proporcional a la historia de los ingresos laborales. La gran desventaja del sistema de reparto simple es que es muy sensible a cambios demográficos y a cuán importante es el empleo informal. También en este sistema las jubilaciones, con frecuencia, están muy divorciadas de la historia salarial del jubilado. Dependiendo de la reglamentación y, sobre todo, de la suerte, el jubilado podía obtener una jubilación muy superior a la de su historia salarial, o también muy inferior.

La reforma de pensiones de 1996, que llevó a un sistema de capitalización individual, se motivó en gran parte —más allá de los adornos como aquellos de que aumentaría la tasa de ahorro nacional o desarrollaría el mercado de capitales— porque había que encarar la quiebra en términos actuariales del antiguo sistema. Los costos fiscales de las jubilaciones aumentaban sin límites, amén de que no hay que olvidar las tribulaciones por las que tenían que pasar los jubilados para cobrar sus pensiones.

La transición del antiguo sistema al de la capitalización individual ha tenido altos costos, que llegaron en algunos momentos a casi 5 por ciento del PIB. De hecho, los déficit fiscales de principios de la década se debieron a esa transición.

Pero, ahora esos costos ya han sido pagados en gran parte. Volver al sistema de reparto simple, como lo proponen los cobistas, es volver a incurrir en costos fiscales y regresar a un sistema con altas probabilidades de que quiebre en un futuro no muy lejano y que se tenga que volver a la capitalización individual. El carrusel de reformas y contrarreformas seguirá dando vueltas. La propuesta del Gobierno también será costosa fiscalmente y no hay que engañarse.

No se conocen todos los detalles de la propuesta del Gobierno, pero lo que se sabe no augura nada bueno para el ahorro previsional. Si el sistema es estatal, se tiene los fundados temores de que quede en manos de gente con poca experiencia en el manejo de activos y, peor, sometida a presiones para que se financie a unas empresas estatales que no pueden encontrar otro tipo de financiamiento.

Si se trata de un sistema mixto, los problemas serían menores, pero habría que asegurarse que la administradora de pensiones que se contratará lo sea mediante métodos competitivos y que tenga por lo menos la solvencia financiera y técnica de las actuales administradoras que se quiere insensatamente reemplazar.

*Juan Antonio Morales
es profesor de la Universidad Católica Boliviana y ex presidente del Banco Central de Bolivia.