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El proceso comenzó hace 11 años, en 1996, y según Arratia, “el Estado tiene un retraso sustancial, y ni siquiera en un plazo de siete años se podrá alcanzar el saneamiento de las tierras agropecuarias en su totalidad”.

Lo atribuyó a la falta de recursos financieros, porque el costo del perfeccionamiento de la propiedad agraria es elevado. “Es un gasto extraordinario que el Estado tiene que cumplir, con el objeto de transparentar la tenencia de la tierra en Bolivia, para otorgar seguridad jurídica a campesinos, indígenas, colonizadores y empresarios”, explicó la autoridad designada la semana pasada y que será posesionada el 12.

Hoy se conmemora otro aniversario de la Reforma Agraria (2 de agosto de 1953). Para Arratia, la aplicación de este proceso estuvo contaminado de intereses políticos, en perjuicio de una distribución equitativa de la tierra.

También se refirió al proyecto de norma que la Prefectura de Santa Cruz pretende aprobar para ocuparse del tema tierras. Al respecto dijo que, como hombre de ley, se inclina porque toda acción se enmarque en la Constitución. Redacción Santa Cruz