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Ese día, una turba secuestró a miembros de movimientos sociales que volvían a sus regiones, luego de que grupos de pobladores impidieron la llegada del presidente Evo Morales para un acto en el estadio Patria. Los llevaron a la plaza 25 de Mayo y los obligaron a gritar —de rodillas y con el torso desnudo— estribillos en contra del Mandatario.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Víctor Márquez, se reunió con los fiscales del caso y el fiscal general, Mario Uribe, para hacer la solicitud.

Fuentes del Congreso señalaron que en la lista no aparecen líderes cívicos ni la Prefecta de Chuquisaca ni líderes cívicos.

Ayer por la tarde, el fiscal encargado del caso, Constantino Coca, convocó a una conferencia de prensa para presentar la imputación y se negó a revelar los nombres de los involucrados hasta que se resuelva la petición formulada por los diputados.

Confirmó además que se detectó a ocho ciudadanos como instigadores y autores materiales. A todos ellos se los acusa de los delitos de allanamiento de domicilio, lesiones graves y leves, coacción, privación de libertad e incluso tentativa de homicidio. Redacción Sucre