El “cambio” que predican los gobiernos populistas se parece como mellizos. Lo he comprobado al extractar un artículo de Joaquim Ibarz, en el diario barcelonés La Vanguardia. El autor recoge las opiniones de la mayoría de los articulistas de un determinado país, que censuran la aprobación irregular y apresurada (en una sola noche) del proyecto de una nueva Carta Magna. No falta quien recuerde que una Constitución debe ser aprobada por mayoría y que la minoría debe acatar lo que se resuelva, pero es inaceptable que, aprovechando la confusión, el cansancio y la falta de espíritu cívico, se aprueben unos textos a última hora y se haga votar otros que nunca se leyeron y discutieron.
Una de las novedades de ese proyecto de Constitución es la reelección inmediata del Presidente, siendo así que la Constitución vigente no lo permite. Otro observador advierte que las constituciones nacidas de la imposición no generan adhesión, y subsisten mientras dura el poder, siempre finito, de sus mentores de turno. El Presidente de aquel país —denuncia otro columnista— emplea todas las artimañas para que todas las instancias del Estado queden sometidas al Ejecutivo. Mientras que el Presidente acusa de traidores a quienes cometen el pecado de discrepar. Y es que, cuando a una persona se le dan demasiados poderes y no tiene quién le controle, crece la alarma por los “poderes excesivos” que acumulará el Jefe del Estado, que podría instaurar un sistema autoritario. Lo cual plantea si no es temerario que todas las instituciones dependan de un Jefe de Estado de carácter tan inestable. De lo que se deduce este clamor: Queremos un Presidente democrático y no un monarca en el poder.
También se formulan críticas a la oposición incapaz de articular un discurso que hiciera contrapeso democrático a las presentadas por el oficialismo, y que tampoco promovió un nuevo liderazgo. La aprobación del nuevo texto fue recibida inicialmente con satisfacción por el pueblo al que lo han estado bombardeando con mensajes que inducían a creer que el nuevo marco constitucional será la panacea que va a resolver el atraso económico y social del país. Pero la realidad fue todo lo contrario. En la nueva Constitución hay un excesivo fortalecimiento del presidencialismo y un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos con los que el Legislativo ponía frenos al Ejecutivo. Todavía más: el nuevo esquema no contribuirá a la estabilidad porque la gobernabilidad no está dada en la concentración del poder, sino en la participación democrática de los estamentos ciudadanos en el poder. Un comentarista desentraña lo que significa el nuevo socialismo del siglo XXI: es una entelequia que nadie ha sabido explicar pero que pudiera ser el autoritarismo del siglo XXI. Lo que verdaderamente está en juego es la permanencia en la presidencia de un líder carismático que dispondrá de una maquinaria electoral bien engrasada con recursos infinitos.
Los hechos se registraron en Ecuador la semana pasada, cuando su presidente Rafael Correa logró hacer aprobar un nuevo texto constitucional. Querido lector: cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia…
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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