¿Quién manda en las empresas estatales?
Gonzalo Chávez A.*

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Con brío renovado han vuelto a la cancha de la economía las empresas estatales prometiendo ser los ejes del nuevo modelo de desarrollo. Gran expectativa pero viejas preguntas. Más allá de los discursos y la propaganda, que se debe reconocer que mejoraron mucho, la pregunta central continúa siendo la misma hace muchos años: ¿Cuál será el gobierno corporativo que garantizará que las nuevas empresas estatales funcionen adecuadamente y administren bien los recursos de todos los bolivianos? ¿Cuáles serán las reglas de juego que administren la relación entre dueños, todos los bolivianos, los directorios y gerentes dentro de las empresas? Pero, para entender la lógica que gobierna una empresa es necesario definir qué es una firma. Todos nosotros interactuamos con decenas de firmas o empresas que nos venden bienes y servicios de todo tipo. En una primera aproximación, su organización interna no parece un problema, pero son unidades productivas tremendamente complejas, desde las más chicas, pasando por las empresas estatales hasta llegar a las transnacionales.

Una empresa, pública o privada, puede ser definida como un nexo de contratos, una red de intereses (financiadores, gerentes, proveedores, trabajadores, propietarios), muchas veces en conflicto, que crean un espacio productivo para ofrecer un producto o servicios en el mercado. Perdóneme la jerga económica, pero ahora intentaré explicar este galimatías.

Supongamos que un grupo de nosotros, cansados de la crisis y el rollo de la incertidumbre, decidimos abrir la pizzería El Tomate Feliz. Sacamos la plata del colchón y aportamos de igual manera para una sociedad. Lo que nos une es un contrato de sociedad y nombramos un directorio que nos representará. En el siguiente paso, el flamante directorio nombra un gerente, a quien en un contrato se le establecen sus obligaciones y derechos.

Nuestro gerente es graduado de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana, elabora un plan estratégico para la nueva empresa y contrata musculosos trabajadores para amasar y hornear nuestras pizzas. Para concretar estas relaciones laborales se necesitan contratos. La provisión de harina, tomates, orégano y otros insumos también se hace a través de contratos. Nuestro buen gerente se reúne con un banco y, vía un contrato, consigue un préstamo de arranque. Accionistas, directorios, gerentes, proveedores y trabajadores crean una cadena de contratos que ahora se llama El Tomate Feliz. Cada uno de ellos tiene intereses diferentes: los dueños quieren maximizar sus ganancias; los trabajadores, mejores salarios, y el banco desea que la empresa pague su préstamo y pida más dinero.

Para que este complejo nexo de contratos sobreviva en el tiempo y haga felices financieramente a todos, se requiere, por una parte, de confianza mutua y, en segundo término, algún tipo de sistema interno que le dé gobernabilidad a la empresa. Obviamente se necesita de un marco jurídico e institucional que proteja a todos, especialmente a las minorías en la sociedad, y lo más importante: que establezcan las formas de disolución de los contratos si la pizzería se va a la cochinchina. Es decir, un procedimiento de bancarrota transparente y respaldado por instituciones fuertes. El mismo razonamiento se aplica a una empresa estatal, sólo que en este caso los accionistas somos todos los bolivianos y a nosotros deberían responder los gerentes y directorios de empresas como Entel o YPFB.

El asunto del gobierno interno de la empresa se complica por dos razones: 1) Como los niveles de observabilidad y monitoriamiento de las acciones de los diversos actores son difíciles, en otras palabras existen elevados costos de transacción, no es sencillo que los accionistas obtengan el mejor esfuerzo del gerente, a su vez que éste tendrá dificultades de supervisar a los trabajadores, el banco actuará con información asimétrica a la hora de dar el crédito a la firma y hacer el seguimiento del préstamo. 2) Los contratos firmados buscarán prever y solucionar estos problemas, pero son incompletos por definición. No se puede escribir “el Corán contractual” que establezca todas las eventualidades de una relación comercial y laboral.

Siempre habrá disputas y diferencias, se presentarán problemas de inconsistencia temporal. Lo que fue para el momento A, no necesariamente es útil en el momento B. Por lo tanto, debe haber el espacio institucional y las reglas de juego respectivas para renegociar los contratos y solucionar los conflictos. Buena parte de estas relaciones depende de la confianza y la credibilidad.

Cuando los gerentes y los miembros del directorio se unen para contarle el cuento del tío a los accionistas y decirle, por ejemplo, que harán inversiones en expansión de la empresa, pero que en realidad los billetes se van a mejorar sus sueldos, o los administradores entran en contubernio con los auditores para subfacturar las ganancias y hacer magias con la contabilidad, se rompe el hilo de la confianza y estamos frente a una crisis de gobierno corporativo.

Para nuestro caso, el ejemplo es que si no existe gobernabilidad sostenible dentro de la empresa, no se puede pensar en un desarrollo económico duradero. La gobernabilidad microeconómica de las empresas equivale a descubrir todas las cadenas del genoma del cuerpo económico. Hasta ahora no hemos oído nada sobre qué tipo de gobiernos corporativos tendremos en Comibol, YPFB, Entel y todas las empresa estatales que se están creando. ¿Cuáles serán las reglas de juego que ayudarán a definir quién manda en las empresas estatales?

*Gonzalo Chávez A.
es economista.