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Ciudades convulsionadas; carreteras bloqueadas y convertidas en campos de batalla; instituciones tomadas o ardiendo; corridas en avenidas y vías interdepartamentales... El panorama, reflejado por las cámaras de televisión y congelado por los reporteros gráficos, es desolador; aunque no parezca, son personas que nacieron bajo el mismo cielo, en los marcos físicos de la misma nación: son bolivianos.

Sin que se haya llegado a tales extremos, las imágenes, inevitablemente, traen a la memoria penosas escenas como las de febrero y octubre del 2003, en La Paz, o las de enero del 2007 en Cochabamba y noviembre del mismo año en Sucre. Aquellas veces hubo muertos; ayer, también.

Dos mineros pagaron con su vida una nueva jornada de violencia por motivos de desentendimiento político, económico y, finalmente, social. Con el diálogo en desuso, visto como una añeja fórmula de solucionar los problemas bajo normas civilizadas, hace tiempo que los bolivianos arreglan sus cuentas en duelos directos —de reclamantes frente a las fuerzas del orden y viceversa, de seguidores de una línea partidaria contra los que se les oponen— a palos, a golpes de puño, o bien utilizando las armas que tuvieran a su alcance.

En la carretera Oruro-La Paz, mineros chocaron contra policías y masistas; en Tarija, citadinos se enfrentaron a la fuerza pública y evitaron la llegada de los presidentes de Argentina y Venezuela; en Huayculli, a 11 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, maestros combatieron contra campesinos.

En otro frente de lucha, personas con discapacidades se mantuvieron firmes con sus protestas en La Paz y Santa Cruz.

¿Adónde vamos a parar? ¿Cuántos muertos faltan para que el Gobierno, principalmente, y la sociedad, también, entren en razón?