He escuchado y he visto con asombro, impotencia y tristeza las declaraciones sueltas y risueñas del Presidente de la República, repetidas por aquí y por allá, en sentido de que ciertas disposiciones gubernamentales serían ilegales. Pero qué importa, los abogados oficialistas podrían transformar con habilidad lo ilegal en legal, pero más aún ese detalle es irrelevante en la marcha de la revolución, es decir, en la primacía de lo político sobre cualquier otro valor, inclusive los democráticos. Cuidado, Sr. Presidente, su razonamiento puede tener un efecto bumerang. ¿Con qué argumento o justificación podría oponerse a ese golpe, al que con frecuencia se refiere, si lo que cuenta ante todo es lo político, no las normas básicas de convivencia social? Así se reduce la política a puras estrategias, se la vacía de cualquier contenido institucional e inclusive de cualquier principio superior.
Por desgracia para el país, las declaraciones presidenciales empalman con otras actitudes y tendencias bien enraizadas en muchos sectores nacionales y no únicamente en el oficialismo, que no sólo debilitan la democracia, por la que tanto se luchó y se lucha, sino, y ahí radica su mayor peligro, que hacen de ésta sólo una etapa prescindible en la marcha de la historia y de los pueblos, una concesión momentánea para ingenuos y ciegos.
En esta posición convergen corrientes ideológicas acarreadas de distintos horizontes. Hay por lo menos tres. La primera, la más cercana a nosotros, pero no desvinculada de las demás, es la de la descolonización, propugnada en la Constitución y defendida por el Gobierno y sus partidarios. Se intenta retroceder el reloj al punto arbitrario de la conquista española. Y, ¿acaso no cuentan las anteriores conquistas que tampoco fueron suaves, las múltiples guerras y destrucciones de sociedades, culturas que se dieron en el continente previamente a la llegada de los europeos? Se construyen ahora cosmovisiones ideales, con todo derecho, pero ¿a título de qué buscar imponerlas a quienes no las comparten? Ese no es el sentido de lo pluri-múltiple. Las formas políticas dominantes en el mundo precolombino fueron autoritarias y manejadas por clanes aristocráticos. Parece imposible recrearlas hoy en una sociedad compleja, abigarrada. La vuelta a las utopías inspiradas de las sociedades llamadas originarias contiene una fuerte dosis de autoritarismo, de restricción de libertades, de negación de la democracia, como todas las utopías de un orden perfecto. Las dudas venidas de lejos sobre el carácter no propio del Estado de derecho chocan actualmente con el sentimiento mayoritario de la población que considera ese régimen como adecuado a sus anhelos y a las aspiraciones de compartir un futuro con los demás.
Otra fuente de devaluación del sistema democrático procede de las tradiciones revolucionarias, a veces coloreadas de nacionalismo, muy arraigadas en el sindicalismo boliviano y en los partidos marxistas, aunque no de manera exclusiva, para los cuales la revolución constituye la meta final de la historia, la entrada en el reino de la sociedad liberada de sus contradicciones. Vista en esta perspectiva la democracia es, en el mejor de los casos, una fase transitoria cuyos valores y modalidades de organización tienen interés momentáneo y, llegada la oportunidad, se pueden desechar para alcanzar el objetivo principal. La posición no es nueva en Bolivia, los debates de la posguerra del Chaco estimularon el desarrollo de las críticas a la democracia liberal, que cierto no fue inocente ni faltó de motivos de reproche. La revolución corta la historia en dos: un pasado negado en bloque y un futuro preñado de promesas. De ahí la tendencia a refundar el Estado y la sociedad que algunos actores políticos y sociales proclaman cada cierto tiempo y con la cual se justifica la violación de leyes y derechos.
Finalmente, la tercera vertiente sale de las sensibilidades posmodernas, que fueron una reacción al horror que produjo el intento vesánico de eliminar a ciertas minorías raciales y culturales, realizado por los totalitarismos de la primera mitad del Siglo XX, que llevaron a los pueblos, curados de espanto, al reconocimiento del otro, con sus diferencias y su cultura. De ahí nació al Estado multicultural. Si bien sus antecedentes se inscriben en la filosofía de F. Nietzsche, difundida por M. Weber como “el politeísmo de los valores”, donde se afirma que ningún valor es superior o más alto que otro, lo que ha acabado despojando a las democracias de sus referencias comunes, compartidas, como advierten muchos pensadores contemporáneos. En ausencia de ellas la democracia pierde parte de su capacidad de arbitrar entre intereses contrapuestos en nombre de la existencia de bienes últimos, compatibles entre sí y la posibilidad de encontrar acuerdos consensuales, argumentados que frenen la conflictividad, el antagonismo de los diversos componentes de la sociedades, hecho que ayuda a impulsar el retorno del caudillismo autoritario que pliega las decisiones últimas a su voluntad.
El diálogo, concebido como un medio privilegiado para escapar a esos dilemas, para construir la democracia, se ha desvirtuado, envuelto en una retórica desbocada donde las palabras se inflan y se tuercen hasta perder su significado; se ha banalizado. Cada grupo campea en su posición original y transforma el diálogo en una prueba de fuerza, ajeno a cualquier consenso, extraño a toda racionalidad.
La primacía del criterio político, cuando no de la voluntad de los líderes, divide a los hombres en amigos y enemigos. Esta vía, que no es buena para nadie, si bien no es nueva, tampoco es exclusiva del Gobierno, aunque éste no puede negar su papel en la acentuación de la pugnacidad social y en la exacerbación de las identificaciones étnicas sobre otras concepciones amplias de ciudadanía.
La democracia requiere para vivir y resolver los problemas, los conflictos que enfrenta, de normas, de instituciones, de un diálogo que no ceda a la pura palabrería y que, al contrario, se nutra de razón y convicción. No conviene seguir jugando a la lotería del “decisionismo voluntarista” de los caudillos, si se quiere convivir y progresar.
*Salvador Romero P. es sociólogo.
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