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El gobierno regional de Puno dictó a finales de febrero una ordenanza que legalizaba los cultivos de hoja de coca en esa región. Pero el Gobierno central respondió semanas después presentando una acción de inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional, encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución.

"Lo fundamental es que hay mérito en la jurisprudencia y que las normas con relación al manejo de la hoja de coca son de carácter nacional. Esas son las razones por las que se ha declarado fundada la acción de inconstitucionalidad", explicó el magistrado Fernando Calle en declaraciones que recogió la agencia oficial Andina.

Calle comentó que el TC votó por la inconstitucionalidad de forma unánime. En el dictamen del organismo se señaló que la política antidroga compete y es regulada por el Estado y no por un gobierno regional.

En el 2005, el TC también declaró inconstitucionales dos ordenanzas sobre legalización de los cultivos de cocales en Huánuco y Cusco. Lima, AP