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El temor a que un consorcio derrotado en la subasta efectuada en mayo pasado intente una acción judicial contra la decisión rondó en el Palacio de Planalto, donde se firmó el decreto de concesión, y fue reconocido por el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão.

"Apelo a que los consorcios se entiendan", dijo el ministro y añadió que su despacho está dispuesto a intermediar para evitar una acción judicial que podría obligar a postergar el inicio de las obras, que tendrán un costo cercano a $us 5.300 millones.

La construcción fue adjudicada a un consorcio formado por el grupo franco-belga Suez (50,1 por ciento), la constructora privada brasileña Camargo Correa (9,9 por ciento), además de las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, con 20 por ciento cada una.

Otro grupo que pujó en la subasta, formado por la brasileña Odebrecht y la estatal Furnas, reclama que la tarifa de electricidad ofrecida, clave para la adjudicación, fue reducida porque se aceptó cambiar el lugar de la represa y construirla a nueve kilómetros del sitio propuesto en la convocatoria. El grupo ganador se adjudicó la licitación ofertando una tarifa máxima de 71,40 reales (44,6 dólares) por megavatio/hora. Brasilia, EFE