La necesidad de regulación en turismo
Carlos Marín Peñaranda*

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Sin el ánimo de ser identificado como uno más fuera de esquema ni contrario a las buenas intenciones, debo manifestar mi absoluta preocupación respecto a las tendencias por las que han optado algunos sectores vinculados a la actividad turística en el país, que ignoran la existencia de una ley y sus decretos reglamentarios. Aunque insuficientes y carentes de integralidad, estas son una herramienta vigente que norma la actividad turística y a la cual deben regirse y alinearse todos los actores relacionados con este sector.

Sin embargo, debe ser el Estado el que dé el ejemplo y las sentencias a aquellos sectores que intentan o pasan por encima de las leyes y las normas, ya sea a través de sus dependencias directas o por vía de las direcciones departamentales de Turismo de las prefecturas, que son las representaciones del ente rector del sector en cuanto a normatividad.

La obligación del Estado es también mediar ante los conflictos que se suscitan entre instancias de este rubro. Más allá de que sean privados, públicos, comunitarios, urbanos o rurales, simplemente debe hacerlo porque la Ley de Turismo vigente y sus reglamentaciones así lo señalan.

Ejemplos como el de Coroico, municipio que cobra un monto de dinero para el ingreso de turistas: a más de ser una determinación arbitraria, no se conoce el manejo o el destino de esa recaudación; el de Casani, donde los transportistas del lugar pusieron sus propias reglas de juego para el traslado de turistas; el de Uyuni, con la proliferación indiscriminada de operadoras de turismo, que sobrepasan los ochenta y que la mayor parte no cumple con las autorizaciones respectivas, o el del Madidi, donde se ha descubierto la caza indiscriminada de aves y animales silvestres, avizoran un panorama preocupante en el cumplimiento de las normas y demandan una urgente regulación.

Pero claro, este trabajo se lo hace con una gestión planificada, con recursos humanos calificados y contando con el número adecuado de técnicos para su cometido. No se lo puede hacer con nueve empleados de planta para normar y desarrollar la actividad turística en todo el país, tal cual viene ocurriendo con el Viceministerio de Turismo.

Igual o peor es la situación de la mayoría de las prefecturas, que cuentan con tres o cuatro técnicos para desarrollar, promocionar y normar la actividad turística de todo un departamento. No se puede pretender resultados ni siquiera medianamente aceptables porque, sencillamente, la gestión pública se mide por resultados.

Ahora sale a la luz un problema entre sectores vinculados a la actividad turística, cuales son las agencias de viaje y las líneas aéreas, en particular con las extranjeras, que habrían tomado la decisión de bajar las comisiones que pagaban a las agencias de viaje por la venta de boletos, de un seis a uno por ciento.

La consolidación de este propósito significaría un golpe mortal a la mayoría de los agentes de viaje, a su permanencia en el mercado, y, por ende, la reducción de fuentes laborales, el despido de miles de trabajadoras —esto porque las que copan este gremio son, en el 90 por ciento de los casos, mujeres—.

El Estado debería intervenir en este tema. Se trata de sectores que cumplen un servicio dentro de la actividad turística del país por lo que

directa o indirectamente están normados por la Ley de Turismo; pero, sobre todo, está en juego la permanencia de miles de personas en sus fuentes de trabajo, aparte de las inversiones respetables y de la labor que realizan las líneas aéreas extranjeras.

Es oportuno considerar, como Estado, las consecuencias sociales que acarrean disposiciones de esta naturaleza. Y es imperioso destacar que las líneas aéreas nacionales, a pesar de contar con un capital e ingresos extremadamente inferiores en comparación con las internacionales, no han ingresado en esta política de reducción de comisiones, respetando el pago de la comisión señalada incluso por encima del 8%.

Por estas y otras razones, es inminente el fortalecimiento, la reestructuración del ente rector del turismo y la intervención del Estado en situaciones como las señaladas; de otra forma, se estarían dando señales negativas, donde cada quién puede hacer lo que le venga en gana, ante la ausencia estatal en el cumplimiento de las normas. Mientras no aprendamos a respetar la que está vigente, no se puede pretender una nueva ley de turismo.

*Carlos Marín P.
es especialista en gestión del
turismo. Ex director de Turismo
de La Paz y Chuquisaca.