Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Ayer, las víctimas de los enfrentamientos del 2003 denunciaron, a través de su abogado Rogelio Mayta, que con esta medida Eddy Fernández dilata el juicio de responsabilidades con el objetivo de que se cumplan los plazos legales y se proceda así a la extinción de este proceso.

Mayta explicó que no es necesaria la notificación, puesto que las tres ex autoridades ya fueron declaradas rebeldes por la justicia boliviana. Ante esta situación, solicitó el 8 de agosto a la Corte Suprema, a través de un recurso de Reposición, que Sánchez de Lozada y los ex titulares de la Presidencia y de Hidrocarburos sean notificados por sus defensores de oficio en Bolivia para continuar con el proceso judicial.

El abogado de las víctimas de octubre aseguró que de acuerdo al procedimiento al cumplir este requisito se podría notificar a las restantes 14 personas implicadas en el caso que se encuentran en el país (ver infografía).

Desde Sucre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el recurso de Reposición será analizado hoy en una reunión de Sala Plena. Posteriormente se tomará una determinación final sobre el tema. Además, se podría definir la fecha del inicio del juicio.

“Basta con notificar a los defensores de oficio para avanzar en el juicio y por lo menos continuar su curso con los que están en el país. Pero la Corte, de forma inexplicable, quiere que se notifique a estas tres personas en EEUU. Entonces, mientras no se proceda con las 17 personas en conjunto, no puede avanzar en el proceso”, reclamó Mayta.

El abogado explicó que Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague fueron declarados “rebeldes” por la justicia boliviana. Sin embargo, recordó que las ex autoridades cuentan con defensores de oficio en el país que podrían recibir las notificaciones y así permitir que el juicio avance. El abogado de oficio de Sánchez de Lozada es Elizabeth Vargas; de Sánchez Berzaín, Nelson Quinteros; y de Berindoague, Freddy Méndez.

“Si no se notifica a estos abogados de oficio, la acción penal se extingue porque las demás personas podrían ganar tiempo y ya no podrían ser juzgados, pues ya habría pasado mucho el tiempo establecido”, dijo Mayta.

El abogado advirtió que la notificación de las tres ex autoridades en Estados Unidos podría ser una tarea imposible teniendo en cuenta que tienen oficialmente un paradero desconocido y “hace más de un año que existe una orden de aprehensión en su contra presentada a Interpol y que no pueda ser llevada adelante”.

En ese sentido, el Comité Impulsor del juicio a Sánchez de Lozada y a sus colaboradores se declaró en estado de emergencia. A esta medida se sumó la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Central Obrera Regional, entre otras instituciones.