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En lo que va del año, los juzgados del menor de La Paz y El Alto ejecutaron 12 adopciones, de las cuales 10 fueron en favor de parejas de extranjeros, cuando la norma establece que se debe dar prioridad a familias bolivianas. La autoridad dice que se sabe de pagos de entre 10 mil a 30 mil dólares por niño entregado.

Sabemos que su viceministerio conoce de irregularidades en los procesos de adopción...
Hay denuncias, pero no formales; yo las recibí en reiteradas oportunidades vía telefónica. Les he invitado a que hagan denuncias formales, respaldadas, para poder intervenir. Pero, desde que asumí el viceministerio tengo mucha preocupación sobre el tema porque, por una parte, hay indicadores como el de la priorización de las adopciones internacionales en desmedro de las adopciones nacionales. Y por otra parte, hemos comprobado, en algunas juezas y jueces, una eficiencia muy marcada respecto al procedimiento, cosa que no se ve en otro tipo de procesos judiciales, menos en la adopción nacional. Sabemos de casos en que se soborna a diversas instancias.

¿Por qué cree que se da prioridad a las causas internacionales?
Siento que, definitivamente, se está construyendo una red con fines lucrativos y creo que ahí tenemos que intervenir. Hemos conversado con el Defensor del Pueblo y otras instituciones de una red que, lamentablemente, está involucrando a diferentes instancias que tienen que ver con la adopción internacional como la Defensoría, los Sedeges, los jueces y fiscales, incluso nosotros, y agencias o instituciones que se dedican a la adopción. Desde el viceministerio hemos reglamentado para que los procedimientos sean cada vez más transparentes y apegados estrictamente a la ley, aunque eso generó incomodidades.

¿En qué regiones hubo esto?
Este año, hemos hecho un diagnóstico para hacer un seguimiento de en qué departamentos se da con más frecuencia la adopción internacional. Obviamente está en La Paz, sobre todo El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos reglamentado, restringido a los organismos internacionales para la adopción, porque pareciera que realmente es un negocio muy lucrativo.

¿Sin denuncia no puede investigar a jueces o juzgados?
Han habido dos casos, uno en La Paz y uno en Sucre donde la jueza fue suspendida por un tiempo. Pero, finalmente, la instancia máxima del Poder Judicial tendría que hacer una auditoría del proceso. Nosotros podemos pedir una auditoría de esos procesos y estamos en eso, buscando los casos más paradigmáticos para que se auditen. Es un tema preocupante porque se trata de niños y niñas y, como dije al principio, hay la posibilidad de que este mecanismo legal se constituya en un mecanismo para fines ilícitos. Éste es el gran riesgo y la preocupación que tenemos es que este mecanismo vaya generando un mercado de compra y venta de niños, que los extranjeros vengan, pongan plata y se lleven a nuestros niños.

¿De cuánto dinero se trata?
Se dice que se paga de 10 mil a 30 mil dólares por un niño. Se dicen tantas cosas sobre las adopciones internacionales que yo ando con los oídos así parados.