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Los coroneles Hugo Rojas Pedraza; Édgar Rendón Monroy, actual director nacional de Identificación Personal; Remberto Terán Antezana, ex director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Cochabamba; Raúl Benavente Peñaranda, ex director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Cochabamba; e Ismael Medina Cerruto, actualmente procesado por el caso Epizana, forman parte de la lista.

A ellos se suman los coroneles Fernando Urube Encinas, Raúl Guardia, Alberto Tapia, Alfredo Vidaurre, Alfredo Guillén Escóbar, Luis Severich Antezana y Gustavo Cruz Brigges.

Todos los oficiales fueron acusados por Suxo de emitir resoluciones contrarias a la ley, malversación de caudales públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Además, la Viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción acusó al mayor David Díaz Vargas (jubilado) y al auditor Héctor Soria Brun (acusado de deserción de sus funciones).

En conferencia de prensa, Suxo estableció ayer los indicios mencionados y acotó que el daño económico presuntamente provocado por los ex jefes policiales llegaría a 291.587 bolivianos.

El viernes 11 de abril, el entonces comandante de la Policía, general Miguel Vásquez, anunció que luego de realizar auditorías a los manejos del batallón —desde 1980 hasta el año pasado— se procedería a ejecutar acciones penales contra ex jefes policiales, quienes utilizaban cuentas privadas o mixtas para administrar el dinero del Batallón.

Suxo dijo que tras evaluar la documentación se constató las denuncias de malos manejos en ese Batallón. Se halló indicios de responsabilidad penal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, peculado, malversación, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.